Anif estima un costo adicional de $3,8 billones para el Gobierno por alza del mínimo

Pese a que el alza de 23% en el salario mínimo ha sido una de las decisiones de las que más se ha jactado el Gobierno, el Centro de Pensamiento Económico de la Anif alertó que la diferencia entre el incremento de este sueldo y la suma de la inflación y la productividad generará efectos económicos que terminarán perjudicando a la misma población a la que el Ejecutivo pretendía beneficiar.

La Anif explicó que, históricamente, la diferencia entre el aumento del salario mínimo y la suma de la inflación causada con el crecimiento de la productividad ha sido de 1,3 puntos porcentuales en promedio; sin embargo, con la decisión del Gobierno de subir este sueldo en 23%, basado en el salario vital y una metodología de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el incremento real fue de 17,9%.

Entre los efectos más importantes que generará esta brecha, precisó que están el aumento de costos laborales para micro y pequeñas empresas, las cuales componen cerca de 98% del tejido empresarial del país; el mayor riesgo de informalidad en sectores que tienen una estructural salarial total cercana al smlmv como agricultura, actividades artísticas, alojamiento y servicios de comida; y las presiones inflacionarias en la demanda agregada, lo cual ya se puede ver reflejado en el incremento de 100 puntos básicos en la tasa de intervención por parte del Banco de la República.

Pero no solo eso, la Anif indicó que el alza del mínimo también tendrá implicaciones fiscales en un escenario marcado por un margen de gasto público limitado. Sobre este punto, detalló que, junto con el aumento de este sueldo básico, también subirá la remuneración a la nómina de funcionarios públicos de contratación directa, el pago de pensiones del Régimen de Prima Media de Colpensiones y el costo asociado al mecanismo de cobertura de deslizamiento de rentas vitalicias.

"Además, la posible reducción en el recaudo tributario de personas jurídicas, derivado de la disminución en los márgenes de utilidad de las empresas ante mayores costos laborales", agregó.

En cuanto al primer punto, enfatizó en que, si bien la discusión sobre el salario de los funcionarios públicos se efectúa cada año y no está directamente relacionada con el decreto del mínimo expedido por el Gobierno, el sueldo sí aumentará para las personas que ganan este rubro.

De ese modo, advirtió que, de acuerdo con datos del Dane, el Gobierno tendría una presión adicional de aproximadamente $300.000 millones en nómina de alrededor de 80.0.00 ocupados que trabajan en actividades de la administración pública. "Cabe destacar que este valor es una cota superior del costo, pues no es posible diferenciar los trabajadores del nivel central del territorial. De manera adicional, este costo podría incrementar en los casos en los cuales los pactos colectivos acuerden incrementos indexados con el mínimo", añadió.

En segundo lugar, Anif explicó que el alto costo fiscal derivado del alza del mínimo también se hará visible en la carga pensional del Régimen de Prima Media de Colpensiones, debido a que, para los colombianos que reciben pensiones equivalentes a un smlmv, también se les deberá ajustar el valor de su pensión este año, especialmente porque la Constitución dicta que ninguna persona puede recibir este pago por un valor menor al mínimo.

Conforme a ello y según cifras de Colpensiones, 55,4% de los pensionados, equivalente a poco más de un millón, recibirán una pensión equivalente a un salario mínimo, sobre lo que la Anif estima un aumento en el gasto fiscal que rondaría los $3,1 billones para este año.

A este punto, se suma el incremento en los costos asociados al mecanismo de cobertura del riesgo del deslizamiento en las rentas vitalicias consignado en el Decreto 036 de 2015. Pese a que el año pasado, el PGN apropió apenas $990.792 millones para cubrir los recursos causados por la brecha entre el crecimiento del mínimo y la inflación; Anif prevé que, para este año, este rubro sería de $1,5 billones.

Por otra parte, el Centro de Estudios indicó que el aumento del mínimo en 23% también provocará una reducción del recaudo del impuesto de renta de personas jurídicas, pues, en la medida en que las empresas tengan costos de nómina más elevados, estos rubros se sumarán a los costos deducibles y generarán menor renta líquida.

Con base en datos de la Dian y del Dane, Anif estudia un escenario contrafactual, en el que el ingreso neto de cada actividad crecerá a precios corrientes y los costos se elevarán a la misma tasa (manteniendo un margen de utilidad constante); y un escenario marcado por un alza de 23% en el mínimo, que llevará a que se mantenga el crecimiento en los ingresos pero se aumenten los costos con una tasa ponderada.

De esta forma, el resultado sería una reducción de $3,5 billones en el pago del impuesto de renta del año gravable 2026 que se pagaría el próximo año.

La Anif concluyó que todos estos escenarios provocarán un costo adicional de $3,8 billones en el GNC de 2026 y aclaró que podría ser mucho mayor por otros factores que tienen influencia en las finanzas públicas, entre los que está el aumento de los beneficiarios del Fondo de Garantía Mínima que entrarán con el Decreto 1485 de 2025.

"En un contexto de alta estrechez fiscal por el que atraviesa el país, un aumento del salario mínimo en esta magnitud introduce rigideces adicionales sobre la inflexibilidad del gasto, reduciendo el margen de maniobra del Gobierno para sanear las finanzas públicas", detalló.