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Estas nuevas medidas buscarán atender los gastos del Presupuesto General de la Nación y así ayudar a los daños causados por la crisis climática que afecta al país
En el marco de la emergencia económica, el Gobierno presentó un decreto con nuevas medidas tributarias para atender la crisis climática que afecta al país y así atender los gastos del Presupuesto General de la Nación.
Entre las principales medidas se encuentra un impuesto de 16% a apuestas online, ajustes al impuesto al patrimonio para multinacionales con presencia en el país y mecanismos para facilitar el pago de obligaciones tributarias pendientes.
Dentro de los puntos centrales del decreto es la creación de un impuesto nacional al consumo de 16% para juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. Cabe resaltar que este tributo se aplicará sobre los depósitos de dinero que realicen los usuarios para apostar en estas plataformas, ya sea mediante pagos en efectivo, transferencias o criptoactivos.
La base gravable corresponderá al ingreso bruto del juego, es decir, el total de las apuestas menos los premios pagados en cada periodo.
Para justificar esta medida, el decreto señala que este sector a mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años y que la ausencia de un gravamen permanente generaba un tratamiento preferencial frente a los juegos de azar que operan en establecimientos físicos.
Otro de los cambios incluidos en el nuevo decreto está relacionado al impuesto al patrimonio para empresas extranjeras que tienen presencia en el país.
Este establece que las sucursales y establecimientos permanentes de sociedades del exterior deberán pagar este gravamen cuando posean un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 31 de marzo de 2026. La base gravable se calculará sobre el patrimonio líquido atribuible a esas operaciones en el país.
Las empresas deberán presentar la declaración del impuesto al patrimonio el 30 de abril, fecha en la que se deberá pagar 50% del valor, mientras que el restante deberá cancelarse el 1 de junio.
Este decreto también contempla la creación de un impuesto de normalización tributaria de carácter temporal de 19% dirigido a a activos omitidos, subvalorados o pasivos inexistentes.
Según el documento presentado, este mecanismo busca permitir la regularización de patrimonios que no han sido declarados correctamente ante la administración tributaria, al tiempo que amplía la base gravable del sistema fiscal.
Según argumentan, el objetivo es reducir la opacidad en la información tributaria y generar un recaudo extraordinario en el corto plazo que contribuya a atender las necesidades económicas derivadas de la emergencia climática que enfrenta el país.
Con el objetivo de facilitar el cierre de litigios entre los contribuyentes y la administración tributaria, el decreto también incluye medidas para la conciliación en procesos contencioso-administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria.
Por ende, esta norma autoriza a la Dian a adelantar estos mecanismos de conciliación como parte de las acciones para mejorar el recaudo y reducir el número de procesos judiciales pendientes.
De acuerdo con el documento, estas conciliaciones permitirán que los contribuyentes que tengan procesos en curso puedan resolver sus obligaciones mediante acuerdos con la administración, lo que facilitaría el pago de las deudas y evitaría que los litigios continúen en los tribunales.
Esta medida busca generar ingresos para el Estado de forma más rápida para así atender la emergencia.
Dentro de las medidas también se encuentra una reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para contribuyentes con obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias pendientes.
Este medida permite que quienes tengan deudas en mora puedan ponerse al día mediante el pago de 100% del impuesto adeudado, accediendo a una disminución en las sanciones y en los intereses acumulados.
Cabe resaltar que, este beneficio aplicará para las obligaciones que se encuentren en mora al 31 de diciembre de 2025, y estará disponible hasta el 30 de abril de 2026.
Por ende, durante ese periodo, los contribuyentes podrán regularizar su situación ante la administración tributaria con condiciones más favorables, lo que busca incentivar el pago de deudas pendientes.
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