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El Ministerio de Hacienda reveló que el monto será de $556,9 billones, de los cuales $102,4 billones se tendrán que destinar para el pago del servicio de la deuda
El Ministerio de Hacienda radicó el proyecto de decreto del Presupuesto para 2026 y reveló que el próximo año el Estado requerirá de $556,9 billones, lo que representa 28,9% del PIB. La cifra es superior a la que había mencionado hace unas semanas el titular de la cartera económica, Germán Ávila, cuando reveló que se solicitarían $551 billones.
“En el valor total del Presupuesto hay $556,9 billones, de los cuales $501 billones se financiarán con recursos de la Nación, $29,6 billones con ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales y $26,3 billones con tributaria, sujetos a la aprobación del proyecto de ley de financiamiento. Desde el monto total $301,7 billones corresponden a ingresos tributarios y $1,4 billones a no tributarios”, dijo Ávila.
Esto quiere decir que, al igual que el año anterior, el Presupuesto estará atado a una reforma tributaria, y si se repite el escenario en el que dicha iniciativa se hunda en el Congreso, el monto del Presupuesto para el próximo año será de $530,6 billones.
En el proyecto se revela que los gastos de funcionamiento serán de $365,7 billones, lo que representa 65,6% del monto total, y tendrá un peso de 19% en el PIB del próximo año. En comparación con lo solicitado para el Presupuesto de 2025, hay un incremento de 11,1%.
Dentro de los gastos de funcionamiento, las transferencias son lo que más representará, en este rubro se contemplan $275,5 billones y para el gasto de personal se destinarán $66,7 billones.
Otro rubro importante es el del servicio de la deuda, para este se destinarán $102,4 billones, lo que representa una disminución de 9% en comparación con el monto del año anterior.
Educación será lo que más recursos tendrá en 2026, el proyecto propone asignarle $88,2 billones, lo que representa un repunte de 8,1% en comparación con el monto destinado en 2025. A este le sigue Salud, con $78,1 billones, una variación de 16,3%, y el top tres lo completa Defensa, con una partida de $68,9 billones, una subida de 7,3%.
Los que menos presupuesto recibirán son los sectores de Inteligencia, con $189.000 millones, una reducción de 6,4%; seguido por Deporte, con $312.000 millones y una contracción de 33,3%; y el sector de Ciencia, tecnología e innovación completa, con $385.000 millones, pero en este último si hay una variación positiva de 27,5%.
Entre los que más les quitaron presupuesto, luego de Deporte, el cual fue el más castigado, aparece Información estadística, al que se le asignarán $854.000 millones, lo que representa una reducción de 28,5%, y en tercer lugar aparece Agricultura y desarrollo rural, con $4 billones, una disminución de 23,8%.
“En el total hay $556,9 billones, de los cuales $501 billones se financiarán con recursos de la Nación, $29,6 billones con ingresos propios y $26,3 billones con tributaria”
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Tras la radicación, el Congreso tendrá que analizar el texto en las comisiones económicas, y como plazo máximo podrá devolvérselo al Minhacienda hasta el 15 de agosto, donde se le solicitan ajustes como un monto diferente, o cambios en las asignaciones.
Si aplica esta devolución, el ministerio tendrá hasta el 30 de agosto para volver a presentar el proyecto con los ajustes solicitados, y se retomarían las discusiones en las comisiones económicas.
El Congreso tiene hasta el 15 de septiembre para llegar a la definición de un monto, y este es un paso clave en el aval del proyecto, pues de no lograr consenso, y no llegar a alguna otra conciliación, el Gobierno podrá volver a radicar el Presupuesto por decreto.
Una vez aprobado el monto, se da paso al primer debate en las comisiones económicas conjuntas, y estas tienen hasta el 25 de septiembre para darle el aval a la iniciativa. Una vez se surte el trámite en las comisiones económicas, el proyecto pasa a sesiones plenarias, desde el 1 de octubre. En esta instancia tiene que sortear dos debates, en las que se puede seguir modificando los rubros y las partidas. El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para aprobar en plenarias el proyecto, y con su aval, se radica el texto con todas las modificaciones para recibir la firma presidencial.
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