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El aumento del monto más marcado se registró entre 2015 y 2025, que estuvo impactado por la pandemia, época en la que se disparó el gasto de funcionamiento
Con el paso del tiempo el valor del dinero se va debilitando por la inflación y otros factores económicos y de mercado, no obstante, la volatilidad y depreciación, sobre todo en Colombia se evidenció en el Presupuesto General de la Nación, PGN, que desde 1990 hasta 2025 ha crecido $508 billones.
El mayor aumento se vio en la última década, pues entre 2015 y 2025 el monto se incrementó $303,4 billones, teniendo como punto de inflexión la pandemia del coronavirus, y especialmente desde 2020 fue cuando se incrementó el gasto de funcionamiento y la deuda pública, por encima de la inversión.
Aunque el funcionamiento es el rubro que más recursos ha requerido desde hace 25 años, ha habido tres momentos en los que ha sido más pronunciado su aumento, el primero de estos 35 años se dio en 2020 justamente cuando se decretó la pandemia. En 2019 destinaron del presupuesto $156,6 billones y en 2020 aumentó hasta $211,8 billones. Luego en 2023 se incrementó hasta $261 billones y finalmente este año del presupuesto destinaron a funcionamiento $329,2 billones de los $511 billones del PNG.

Otra división del presupuesto que también ha demandado más recursos es la deuda, que pasó de representar $51,9 billones en 2019 a $70,5 billones en 2021. En 2023 pasó a $78,4 billones, pero en 2025 el servicio de la deuda cuesta $112 billones.
El economista jefe de Corficolombiana, Julio Romero, señaló que si bien comparar en pesos es un poco complicado porque año a año el monto siempre será superior, se ha evidenciado que es el gasto de funcionamiento el que ha impulsado y marcado ese aumento, sobre todo en la última década.
Aun así destacó que esto era algo previsible desde el siglo pasado. “Desde la Constitución de 1991 el gasto público ha venido creciendo de forma sostenida. Eso es una consecuencia de lo que se estableció en términos de derechos sociales; en salud, pensiones. Es un Estado social derecho en el que se buscan cubrir o dar derechos a los ciudadanos del país en esos rubros, pero eso ha generado una presión en el gasto que es lo que nos tiene con esta situación de aumento sostenido en los PGN”.
También mencionó que una parte importante de este rubro es la inflexibilidad, que prácticamente se fijó en esa misma Constitución y es un factor con el que los gobiernos de turno deben lidiar, a menos que haya cambios en la carta magna.
Tanto Romero, como el economista Henry Amorocho coinciden en el impacto que tiene el aumento de los ingresos, en partidas como la del Sistema General de Participaciones, que debe subir cada vez que aumente lo que le ingresa a la Nación.
“Entonces hay una inflexibilidad constitucionalmente, el gobierno tiene que hacer ese ajuste a las transferencias, que eso está dentro del gasto en funcionamiento. Luego están temas sensibles como salud, pensiones, que el gobierno no puede dejar de pagar, no puede dejar de asumir y por eso tenemos esta situación en la que el funcionamiento crece de una forma poco flexible”, acotó el economista de Corficolombiana.
Por su parte Amorocho destacó que el funcionamiento ha copado gran parte de los recursos afectando la inversión.
Henry Amorocho señaló que la única forma para que otras divisiones como la inversión puedan tener mayor protagonismo y relevancia en los presupuestos siguientes es disminuir el gasto de funcionamiento, y para ello es necesario hacer un recorte.
“El gasto de funcionamiento entre 2022 y 2025 creció 23% nominal y si se compara con el crecimiento económico, quiere decir que en estos años ha aumentado 10 veces más que lo que ha aumentado el Producto Interno Bruto en ese mismo intervalo de tiempo”, destacó el profesor.
La funcionaria dijo que, en su gestión, se lograron avances significativos en materia normativa que fortalecieron el marco regulatorio del sistema financiero colombiano
Desde la empresa agregaron que cada 45 días se exportarán desde este terminal cerca de 1.550 toneladas de petroquímicos
Defienden alza moderada del mínimo, consecuente con propuestas de empresarios y de Anif y Fedesarrollo (7,3% y 7% cada uno)