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Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco
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Para ellos, sustentar la emergencia económica en caída de la tributaria ignoraría ejercicio legítimo de las competencias del Congreso
Después que se oficializara, de parte del Ministerio de Hacienda, que el Gobierno acudirá a la emergencia económica para financiar $16 billones del Presupuesto General de 2026, distintas voces mostraron sus preocupaciones por los efectos jurídicos que podría traer la decisión.
En esta ocasión, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Jaime Alberto Cabal, envió una carta al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, alertando que la declaratoria de emergencia económica podría afectar la estabilidad económica, la confianza legítima y seguridad jurídica del país.
El dirigente gremial señaló que, aunque todavía no se ha formalizado la emergencia económica con su decreto, "los expedidos durante los estados de excepción producen efectos jurídicos inmediatos, capaces de consolidar situaciones cuya reversión posterior puede resultar compleja, incluso ante una eventual declaratoria de inexequibilidad”. En este momento, la rama judicial se encuentra en periodo de vacancia.
En este sentido, comentó que una decisión de este estilo podría afectar la seguridad jurídica, confianza legítima y estabilidad económica del país. Agregó que sustentar la emergencia económica en la caída de la reforma tributaria ignora el ejercicio legítimo de las competencias del Congreso, de aprobar o no proyectos de ley.
Cabal también dijo que ni los precios internacionales del petróleo y ni la tasa de interés del banco central justificarían la aprobación del eventual decreto "porque son circunstancias previsibles y, en buena medida, asociadas a decisiones de política pública del propio Ejecutivo, como la incertidumbre fiscal y regulatoria o las restricciones a la exploración y explotación de hidrocarburos".
"En este contexto, el gremio considera que podrían reunirse las condiciones constitucionales para evaluar incluso una suspensión provisional de los efectos de un eventual decreto de emergencia, ante la imputabilidad de las causas alegadas al Gobierno y el riesgo de consolidación de situaciones jurídicas irreversibles contrarias a la Carta Política", concluyó el dirigente gremial.
Otra de las voces que recientemente se pronunció frente a la posibilidad de que se decrete la emergencia económica, social y ecológica fue la Alianza de gremios y asociaciones empresariales, Aliadas.
También le enviaron una carta a Jorge Enrique Ibáñez en la que manifestaron que no se configura el presupuesto material suficiente para recurrir a dicha figura. Agregaron que las propuestas de gravamen que se conocieron en el borrador de decreto "podrían traducirse en presiones significativas sobre la liquidez, mayores costos de transacción, incremento de la incertidumbre regulatoria y afectaciones sobre competitividad e inversión, con impactos potenciales sobre el crecimiento y el empleo formal".
Los tributos que traería la emergencia económica son la ampliación del impuesto al patrimonio a personas jurídicas, el incremento temporal a 5x1.000 del gravamen a los movimientos financieros, IVA de 19% a los juegos de suerte y azar en línea, impuestos a licores y tabaco y uno más temporal sobre la primera venta o exportación de hidrocarburos.
La eventual declaratoria sería la décima emergencia económica en los últimos tres años y la cuarta durante el gobierno de Gustavo Petro
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