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Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen
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El gremio recordó que instancias como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal alertaron de forma reiterada sobre problemas estructurales en las cuentas públicas
La intención del Gobierno de acudir nuevamente al estado de emergencia económica para enfrentar el déficit fiscal previsto en 2026 encendió las alertas en el sector productivo. El Consejo Gremial Nacional expresó su desacuerdo con esta vía y solicitó a la Corte Constitucional una revisión inmediata del eventual decreto, incluso si este se expide durante el receso judicial, ante los riesgos que, a su juicio, supone para la economía y la institucionalidad.
El planteamiento del Ejecutivo fue confirmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Según explicó, la emergencia busca compensar los recursos que no ingresarán al Presupuesto General tras el archivo de la reforma tributaria en el Congreso. La estrategia oficial apunta a recaudar alrededor de $16 billones mediante nuevos impuestos y ajustes fiscales de carácter temporal.
Sin embargo, para el Consejo Gremial, la situación no cumple los criterios que la Constitución exige para activar esta figura excepcional. El organismo sostiene que las dificultades fiscales actuales no surgieron de manera repentina, sino que eran conocidas y previsibles, pues fueron advertidas desde hace varios años en los debates presupuestales y en los análisis técnicos del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
El gremio recordó que instancias como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal alertaron de forma reiterada sobre problemas estructurales en las cuentas públicas, como el aumento del gasto y las proyecciones poco realistas de ingresos para 2026. Bajo esa lectura, no existiría un hecho nuevo que justifique una emergencia económica en los términos del artículo 215 de la Carta Política.
El sector empresarial también cuestionó que el Gobierno opte por medidas extraordinarias cuando la legislación presupuestal contempla mecanismos ordinarios para corregir desequilibrios fiscales, entre ellos la posibilidad de ajustar, aplazar o recortar partidas de gasto. A su juicio, estas herramientas permiten enfrentar el déficit sin alterar el marco institucional.
El borrador del decreto conocido hasta ahora contempla cambios en materia tributaria, como la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, nuevos gravámenes a los juegos de azar en línea, mayores cargas sobre cigarrillos y tabaco, un aumento al impuesto a los movimientos financieros y un tributo temporal a la extracción de hidrocarburos y carbón.
El Consejo Gremial hizo un llamado a preservar la seguridad jurídica y el respeto por las reglas democráticas. Advirtió que una aplicación indebida de la emergencia económica podría tener efectos negativos duraderos sobre la confianza, la inversión y la estabilidad institucional del país.
Por esta razón, el organismo solicitó a la Corte Constitucional que actúe con celeridad y, de forma excepcional, evalúe la suspensión provisional de los efectos del decreto si este se expide durante la vacancia judicial. Según el gremio, una intervención oportuna del alto tribunal permitiría evitar impactos económicos de difícil reversión y proteger el interés general.
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