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A la fecha, las entidades del Gobierno no han ejecutado ni contratado $46,8 billones, los cuales correrán a comprometer antes que finalice el año, pero con un agravante: la entrada en vigencia el sábado pasado de la Ley de Garantías, por la cual no se pueden hacer convenios interadministrativos, una salida importante para las apropiaciones de este año.
Del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2013 por $189,1 billones que fue asignado a todos los sectores del país, hasta el momento se ha ejecutado 69%, es $129 billones. A esto se suman los recursos que se han comprometido, es decir, aquellos que se han contratado pero que no se han convertido en bienes y servicios para las entidades, cuyo monto asciende a $12,3 billones.
Con esto, en menos de dos meses las instituciones deberán ejecutar $46,8 billones, 25% del total del PNG, si no quieren perder estas apropiaciones, ya que si no son utilizadas efectivamente deben ser devueltas.
Y es que aunque no haya una ley que castigue la falta de ejecución, a la hora de hacer las asignaciones presupuestales, el Ministerio de Hacienda mira la eficiencia en las últimas vigencias, con lo que las entidades que dejen pérdidas altas de apropiación ponen en riesgo sus cifras para presupuestos posteriores.
La vicecontralora general de la República, Ligia Helena Borrero, explicó que las mayores pérdidas presupuestales “están en los recursos para inversión, porque usualmente los de funcionamiento se ejecutan en su totalidad, el problema son programas en los que es difícil hacer algún tipo de ejecución por la fecha. Lo que hacen los organismos del Estado, entonces, es comprometer los recursos vía convenios interadministrativos”.
Sin embargo, esta opción tiene una restricción más para este periodo con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Por las elecciones de alcaldes y gobernadores desde el pasado sábado, cuatro meses antes de los comicios, no se pueden hacer este tipo de convenios. Esto se suma a la polémica que despertó la circular de la Procuraduría General de la Nación en la que se restringe la entrega de obras y actos públicos desde esta fecha, lo que afecta, por ejemplo, la asignación de viviendas gratis.
Aunque la procuradora delegada María Eugenia Carreño explicó que la restricción es para los actuales alcaldes y gobernadores y no para el presidente de República, Juan Manuel Santos, el mandatario la calificó de absurda la medida, al restringir sus funciones.
En realidad por esta Ley de Garantías, que busca frenar la discrecionalidad del Estado a la hora de contratar para que no haya distorsiones en el proceso electoral, no se prevé que haya un aumento significativo adicional en los procesos contractuales.
Luis Eduardo Laverde, subgerente Financiero de Fonade, explicó que de por sí en esta época del año siempre hay un pico en los procesos. “Nosotros tenemos una estacionalidad, donde una parte importante de los proyectos llegan entre noviembre y diciembre, entonces no es que esta Ley haga que sea más alto, sino que se anticipe”.
Los riesgos debido al alto monto que falta por ejecutar y corto tiempo que queda son altos. La contralora Borrero manifestó que los peligros de esta época son que “hay contratos a la carrera, aumente fuertemente la contratación directa o simplemente que la plata se pierda”.
Los sectores que tienen los menores riesgos, entonces, son precisamente los que han hecho la tarea de ejecutar en lo corrido del año. Entre ellos se destaca el de vivienda, ciudad y territorio, que ya ha recibido bienes o servicios por $3,2 billones, es decir el 89,6% de su presupuesto para este año; seguido de salud, con una ejecución de 83,2% o $9,8 billones y educación, con $19,8 billones, lo que representa 78,6%.
Entre las entidades específicas, resaltan los resultados de la Agencia Nacional de Infraestructura, con una ejecución de 93,4% del presupuesto.
Están contratados $12,3 billones
Al mirar la cifra de contratos, las entidades tienen comprometidos $12,3 billones, pero aún no ha recibido ningún bien o servicio por estos dineros y el tiempo se agota, porque la ejecución se debe dar dentro de la vigencia. Hay varias entidades que la mayoría de sus recursos los tienen de esta manera, este es el caso del Fondo Adaptación, que tiene la ejecución más baja, 17%, pero tiene en procesos contractuales 75,5% de su presupuesto. Un caso similar ocurre en el Fondo Nacional de Regalías, en el cual se ha contratado 43,2% de los recursos, pero efectivamente utilizados solo hay 37,3%.
Las opiniones
Ligia Helena Borrero
Vicecontralora general de la República
“Las mayores pérdidas presupuestales están en los recursos destinados a inversión, porque usualmente los de funcionamiento se ejecutan en su totalidad”.
Luis Eduardo Laverde
Subgerente Financiero de Fonade
“Parte importante de los proyectos llegan entre noviembre y diciembre, entonces no es que la Ley de Garantías haga que sea más alto el pico estacional, sino que hace que se anticipe”.
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