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El órgano de investigación está analizando más de 3.200 contratos con CBI que habrían sido pagados, por sumas muy superiores sin ningún respaldo de esos aumentos.
Siendo así, en diciembre empezaría la primera fase de imputaciones, a más de 30 personas, que serían responsables por las pérdidas del proyecto que podrían llegar a más de $12 billones. Entre los cargos que se imputarían está el de prevaricato por omisión, celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.
Entre los implicados que podrían caer en el delito de omisión, estarían los exintegrantes de la Junta Directiva de la petrolera en el momento que se cambió el contrato en 2010 de llave en mano a gastos reembolsables.
Ahora, es bueno recordar que exmiembros de la junta, señalaron a LR en su momento que la decisión en ese punto se consideró como adecuada ya que hasta ese momento CBI no había presentado ningún inconveniente, cumplía con los requisitos y varios estudios mostraban que ese tipo de contratos eran los que se usaban en el mundo para la construcción de refinerías.
Hoy sin embargo, la Entidad estaría estudiando porque los directivos de Reficar y Ecopetrol no iniciaron una investigación interna más profunda sobre las fallas que podían tener los contratistas involucrados.
Dentro de otras investigaciones de la Fiscalía también están las que buscan identificar varios pagos que se hicieron sin que existieran deudas, ya que no se habían generado o ya se habían cancelado.
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