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Gustavo Marulanda, director del Igac
Gustavo Marulanda, director del Igac, explicó que en el último año se actualizó el catastro para unos 520 municipios, además de los 49 intervenidos durante 2024
Desde la semana pasada, en diferentes vías principales del país, se han presentado bloqueos por cuenta del incremento en el cobro del impuesto predial, tras la actualización catastral en más de 520 municipios que realizó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi durante 2025.
Gustavo Marulanda, director del Igac, habló sobre los avances en los diálogos con las comunidades y explicó que, en 800 municipios del país, el catastro no se actualizaba desde hacía 15, 20 y hasta 30 años.

Ha sido un proceso complejo, porque hay intereses encontrados y, en ocasiones, las posiciones se vuelven tensas. Sin embargo, seguimos avanzando, escuchando a las comunidades y revisando cómo podemos dar solución a lo que le corresponde al Igac, al tiempo que distribuimos responsabilidades con las autoridades municipales.
Básicamente, el Plan Nacional de Desarrollo retoma lo que ya estaba planteado en los acuerdos de base en materia de catastro. Lo importante aquí es que se interpreta una medida que resulta clave: cómo reducir el rezago que existía en más de 800 municipios del país, donde el catastro no se actualizaba desde hacía 15, 20 e incluso 30 años.

Había casos como el de Boyacá, donde se acumulaban rezagos de más de tres décadas sin procesos de actualización catastral. Esto, por supuesto, hacía que los valores quedaran muy por debajo de la realidad. Cuando hablo de rezago, me refiero a que la relación entre el avalúo catastral y el avalúo comercial, en algunos casos, era inferior a 4% del valor real.
Y no era un fenómeno exclusivo de Boyacá; también se veía en regiones como Santander, donde el rezago superaba los 15 años. También en departamentos como Casanare, donde el rezago era aún mayor, así como en Vaupés y Vichada, entre otros.

Este año, y desde el anterior, se realizó una actualización que permitió beneficiar a 520 municipios adicionales, además de los 49 intervenidos en la vigencia inmediatamente anterior. En ese sentido, el objetivo ha sido reducir el rezago frente al desarrollo, de modo que los valores, que estaban muy por debajo, se acerquen a 60% de la relación entre el avalúo comercial y el avalúo catastral; es decir, pasar de niveles cercanos a 4% a ese 60%. Ese era el caso de más de 100 municipios, aunque en promedio la situación era similar.
Hay casos como los de municipios como Saravena, donde se encontraban predios con avalúos de $1.000, pese a tener tres, cuatro o cinco hectáreas, o incluso de $138. En consecuencia, muchas personas pagaban el impuesto predial con base en esos valores, lo que resultaba, en la práctica, irrisorio.
Y hablamos de tierras con potencial productivo, no de terrenos improductivos. Basta imaginar hectáreas a $1.000 o $2.000, o predios completos por $10.000, para entender por qué era necesario intervenir. Incluso, si se mira otra región, como el Caribe colombiano, en zonas prósperas como las sabanas de Córdoba o Sucre, había avalúos del orden de $500.000 o $600.000 por hectárea, mientras que hoy en el mercado se negocian por más de $60 o $70 millones.
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