“Durante 2025, la UPC que se terminó reconociendo fue 7,29% y no una de 5,2%”

Cada vez falta menos para el cierre del año, lo que significa una época de definición y conocimiento de datos macroeconómicos como la inflación y el salario mínimo y también de datos que definen el giro de recursos del sistema de salud.

Mientras se mantiene la discusión sobre el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación de 2026, incremento que los gremios esperan se ubique entre 15% y 17%, el director de la Adres, Félix León Martínez, comentó que en 2025 se reconoció un valor mayor en la UPC que el que se reconoció en enero.

¿Cuál fue la UPC que se terminó reconociendo en 2025?

Fue de 7,29%. Con la orden de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud de equiparar la Unidad de Pago por Capitación del régimen contributivo con el del subsidiado, se abrió la puerta a una incorporación de $3,3 billones. Ese incremento adicional es sumado al a los puntos de incremento de la UPC

Aparte, se hace otro incremento de un punto porcentual y medio que es de punto y medio. Si la UPC da 10%, pagamos 11,5%, por ejemplo.

¿Habrá un ajuste de dos dígitos en 2026?

Lo que puedo afirmar es que habrá un ajuste de cinco puntos porcentuales más para el régimen subsidiado por la orden de unificación más lo que defina la comisión.

¿Por que en 2025 fue fijada con base a la inflación?

Porque en los reportes de gasto que entregaron las Entidades Promotoras del Servicio de Salud, EPS, se encontraron irregularidades en cuanto al gasto en medicamentos por encima del valor autorizado y servicios a personas fallecidas.

¿Con qué irregularidades se encontraron?

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En EPS del régimen contributivo que se reportaron gastos de 6,7 millones de medicamentos que fueron reportados por encima del valor autorizado. Esto generó un detrimento de $514.619 millones en 2023.

También se evidenciaron reportes de personas que habrían ‘sido atendidas’ semanas o meses después de su fallecimiento. El problema con las EPS del régimen subsidiado es que ni siquiera reportan sus gastos. Al año se les giran $44 billones pero no sabemos en qué se gastan los recursos.

¿Qué perspectiva tiene de la caída de la reforma a la salud?

No esperaba algo distinto de la Comisión Séptima, ya había hundido la reforma laboral y otra vez la de la salud. Lo que más se verá afectado será la atención primaria en salud, que ya está en malas condiciones.

Un porcentaje muy grande de la población está acudiendo a los servicios por urgencias. Tenemos una sobre ocupación de urgencias en el país que nos cuesta al rededor de $2 billones, de ineficiencia. También se afecta el control de los recursos del sistema. Como lo mencioné, las EPS del régimen subsidiado no informan sobre cuánto gastan y qué servicios prestan.

¿Qué se pierde con el hundimiento del proyecto?

La reforma proponía retomar el control de los recursos del sistema, manejando a las EPS como gestoras pero sin que manejaran recursos. La Adres iba a controlar y analizar cada precio que se gastara, dejando a las gestoras del servicio como auditoras de las clínicas y los hospitales mientras que eran auditadas por nosotros.

¿Entonces ya no cumplirán con la labor de auditoría?

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Vamos a seguirla cumpliendo indirectamente porque se introdujo al sistema el registro de servicios, que tiene que venir asociado a la factura de cada servicio que prestan las clínicas. Ya estamos conectados interoperando con el Ministerio.

Cumpliremos con la auditoría sin ser los pagadores directos. Será indirecto porque las EPS son las que ordenan el pago, pero sabremos qué están pagando por otra vía.

A manera de aclaración, ¿cómo se giran los recursos?

A la mayoría de las EPS, la Adres no les entrega dinero, solo 20% y 80% se va por giro directo. ¿Qué quiere decir? Que ello nos tienen que pasar a quién se le gira 80% del reconocimiento de la UPC y nosotros se lo giramos a las clínicas y hospitales que ellos ordenen, junto con proveedores.

¿Han encontrado irregularidades con IPS?

Encontramos que 16 Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, generaban cobros fraudulentos por no contar con una infraestructura para prestar servicios de salud relacionados con la atención a víctimas de accidentes de tránsito sin un Soat.

Son entidades de Valle del Cauca, Atlántico y Magdalena que generaron un desfalco de $25.000 millones y su expulsión del sistema de salud.

¿Por qué no se detectó antes esta situación?

Me di cuenta al llegar al cargo que la auditoría que se venía haciendo era de papel, no in situ, pero el año pasado se detuvieron cobros fraudulentos por $75.000 millones para un total de $100.000 millones en el transcurso de dos años.