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“La apuesta es cerrar mandato con cerca de un millón de hectáreas de tierra comprada”
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Felipe Harman, director de la ANT, dijo que la inversión total a final de Gobierno será de unos $8 billones; también formalizarán alrededor de 2,5 millones de hectáreas
Quedan apenas dos años para que se cumpla el plazo fijado para implementar el punto uno del Acuerdo de Paz de 2016: por un lado, entregar tres millones de hectáreas de manera gratuita, ya sea a través de baldíos recuperados, tierras incautadas o extinguidas de dominio, compras directas o donaciones; y, por otro, formalizar siete millones de hectáreas adicionales.
Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, habló sobre los avances en la compra de tierras y aseguró que, al cierre del Gobierno, la inversión habrá superado los $8 billones. También señaló que formalizarán alrededor de 2,5 millones de hectáreas al finalizar el mandato.
Hoy la gestión efectiva del Fondo de Tierras suma alrededor de 765.000 hectáreas, entre compradas, comprometidas y en procesos agrarios. Estas tierras provienen de cuatro fuentes: bienes baldíos de la Nación recuperados jurídicamente, bienes fiscales patrimoniales de la SAE, tierras del Fondo de Reparación de Víctimas y compras privadas.
La apuesta de cierre es llegar a una cifra cercana al millón de hectáreas, que es lo que debió comprometer cada gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz. Allí se estableció la distribución de tres millones de hectáreas en 12 años, es decir, un millón por gobierno.
Existe una política del Ministerio de Agricultura enfocada en núcleos de reforma agraria, como Magdalena Medio y la Costa Caribe. Sin embargo, el acaparamiento de tierras es un fenómeno nacional, no se limita a esos núcleos.
Hay campesinos en el arco amazónico y en la zona andina que también requieren acceso a la tierra. Ese es un reto importante para seguir fortaleciendo la reforma.
“La reforma agraria no se mide por hectáreas mencionadas en tarima, sino por títulos inscritos, por crédito funcionando, por compras públicas activas”.
Hemos avanzado con cerca de 45.000 hectáreas en Magdalena Medio y más de 120.000 hectáreas entregadas en la Costa Caribe. Además, hay procesos de compra, entrega de baldíos en la Altillanura y otras gestiones en distintas regiones del país.
La inversión total es de alrededor de $8 billones. El año de mayor ejecución fue 2024, con cerca de $5 billones. El año pasado tuvimos un presupuesto de $1,5 billones y este año de $1,2 billones. Estos recursos han permitido avanzar de forma sustancial en la distribución. Además, ahora tenemos herramientas normativas que agilizan el proceso, como la transferencia administrativa de bienes de la SAE.
Hay una oferta importante. Hoy tenemos cerca de cuatro millones de hectáreas ofrecidas voluntariamente a la Agencia. Sin embargo, no hemos podido comprar alrededor de 2,8 millones de hectáreas por problemas de seguridad jurídica, especialmente por la presunción de baldíos. Son tierras que no se pueden comprar ni recuperar por falta de herramientas y por la ausencia de jurisdicción agraria. Ese es uno de los principales límites para avanzar más rápido en la reforma.
Hubo un cambio en la política. Antes los indicadores medían hectáreas, lo que favorecía grandes extensiones y dejaba rezagado al pequeño campesino. Esto generó que campesinos con parcelas pequeñas, de dos o tres hectáreas, nunca fueran formalizados. Incluso hay zonas a dos horas de Bogotá con niveles de informalidad superiores a 65% o 75%.
Hoy cambiamos el enfoque y priorizamos también esos casos. Por ejemplo, el plan ha permitido entregar 1.800 títulos el año pasado y proyecta 1.900 este año.
Además, implementamos barridos prediales: equipos de la Agencia van finca por finca, miden, censan y entregan títulos directamente. Bajo este esquema, se intervinieron cerca de 800.000 hectáreas.
La formalización se ha trabajado más desde el Caribe hacia otras regiones, sin dejar de intervenir el Caribe. También desarrollamos un programa para formalizar equipamientos públicos rurales, porque sin título no se pueden hacer inversiones. Escuelas, centros de salud y espacios comunitarios requieren formalización.
En Montes de María, por ejemplo, se entregaron cerca de 180 títulos de este tipo, lo que permite que estas comunidades accedan a inversión pública.
La meta es alcanzar alrededor de 2,5 millones de hectáreas formalizadas. Además, hay más de 5.000 títulos listos para entregar, muchos en la zona andina. Aunque son predios pequeños y no suman grandes extensiones, representan avances importantes en formalización.
Es un caso particular. Hemos identificado problemas en la tenencia de la tierra y situaciones en las que incluso ellos han sido engañados.
Se evidencian fenómenos de acaparamiento y deben adelantarse los procesos agrarios correspondientes. Esto no implica estar en contra del desarrollo de la Altillanura, sino garantizar que la propiedad se formalice con la autoridad y no a través de intermediarios que generan irregularidades.
La reforma agraria es un asunto de Estado y está ligada a la implementación del Acuerdo de Paz. Este Gobierno ha avanzado de manera importante, pero no es una tarea exclusiva del Ejecutivo. También se requiere de la participación del Congreso de la República, las altas cortes y de la rama judicial. Es necesario destrabar temas como la jurisdicción agraria y evitar retrocesos. El país tiene una deuda histórica con el campo y debe asumirla de manera responsable.
No se trata de expropiación. Las tierras provienen de bienes de la SAE, del Fondo de Tierras y de baldíos de la Nación, es decir, no afectan propiedad privada. El decreto se fundamenta en la Ley 1523 de gestión del riesgo, que ya contempla estas facultades. Lo que hace es delegarlas en la Agencia Nacional de Tierras.
Su aplicación es limitada, tanto en lo territorial como en el tiempo. Por ejemplo, en Córdoba se han reubicado cerca de 410 familias en unas 3.800 a 4.000 hectáreas.
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