"En septiembre se espera entregar las llaves a los compradores de Electricaribe"

El aislamiento obligatorio y las medidas decretadas por el Gobierno Nacional han cambiado las fechas de muchos proyectos nacionales, sin embargo, la difícil situación de energía eléctrica que vive la costa Caribe tendrá la oportunidad de mejora, debido a que se espera que en septiembre las empresas que compraron la operación de Electricaribe ya la estén manejando.

Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, aseguró en Inside LR que el cronograma tras la adjudicación de los mercados no cambió, y, además, se refirió a las quejas que han recibido en la época de la pandemia.

¿Qué tanto han crecido las quejas de servicios públicos?
Hemos visto un aumento significativo en las quejas, específicamente durante el periodo de aislamiento. En lo que va del año llevamos 123.838 trámites recibidos y en particular unos 60.000 se han recibido durante el periodo de aislamiento. De estos trámites, energía eléctrica tiene 47.000 quejas; acueducto, 16.898, y 16.374 en gas natural. Por lo que más se quejan es inconformidad con la medición del consumo o producción facturada.

¿Cómo han aumentado frente al año pasado?
Hemos más que duplicado las quejas en el mismo periodo. En el total del año pasado en los 12 meses llegamos a cerca de 90.000 quejas, ahora en seis meses llevamos casi 124.000.

¿Hasta cuándo irán las medidas de alivios en las facturas?
Una de las primeras medidas fue congelar el aumento en el servicio público de acueducto y va hasta el 31 de agosto, y en los servicios de energía y gas arrancó el 13 de abril para gas y el 15 de abril para energía, y van hasta el 31 de julio, es decir, durante ese periodo las empresas no podrán aumentar el valor del Kwh o del metro cúbico.

¿Cuáles son las empresas que más han recibido quejas?
La primera, pero que no es asociado solo a la pandemia sino viene de antes, es Electricaribe, es la empresa que más recibe quejas, asociadas a las dificultades de la prestación de servicio en la costa Caribe, algo que ya está en un esquema de solución, pues ya hubo una subasta que adjudicó los dos mercados y que esperamos hacía finales de septiembre poder estar entregando las llaves a los dos compradores. Después le sigue Codensa, Vanti y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

¿Cuántas de estas empresas ya se encuentran en proceso de indagación?
Desde el 12 de junio se inició la apertura de indagaciones preliminares, primero a tres empresas por presuntas irregularidades en la medición de consumo y de la facturación. El 17 de junio abrimos otras 19 indagaciones preliminares, ahí está Enel- Codensa, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, entre otras. Ayer notificamos ocho empresas más de agua y alcantarillado, y llegamos a 30 en total.

¿Con las medidas de alivio en facturas, les preocupa que se incentive la cultura del no pago?
Los servicios públicos no pueden ser gratuitos, hay un principio de onerosidad y no pueden no pagarse. Está prohibida la gratuidad de los servicios públicos, si bien alcaldes y gobernadores han hecho anuncios de que cubrieron parcial o totalmente el pago, esto tiene que venir acompañado con un giro de recursos para esas empresas.

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¿Cómo está la cartera de las empresas, se han acogido a las líneas de crédito de Findeter?
Hay 110 solicitudes en Findeter de las empresas de servicios públicos que están en proceso de estudio. Por otro lado, hemos estado desde el 29 de marzo haciéndole solicitudes a las empresas del balance de caja diario, para hacer ese seguimiento y estar seguros de que no vamos a caer en una situación de caja negativa y llevar a una empresa a un proceso de insolvencia, pues en últimas lo más grave es que se afecte el servicio.

¿La coyuntura ha alterado el cronograma de la adjudicación de Electricaribe?
El hecho de aislamiento no ha modificado sustancialmente el cronograma de Electricaribe y esto porque desde el 30 de marzo que se suscribieron los contratos, en ese mismo momento empezó el proceso de transición y entrega de llaves. Este se ha llevado de manera rigurosa durante todos estos meses en donde las tres empresas están comprometidas con el proceso. Todo ese plan de trabajo de la escisión de la compañía y de entrega se ha venido cumpliendo. Contractualmente dice que seis meses después de la firma del contrato deben entregarse las llaves. Y, si tanto el vendedor como los compradores lo determinan, pueden recibir incluso antes. Esperamos que este año lo terminemos con nuevos operadores del servicio de energía eléctrica. En septiembre deberían contractualmente recibir las empresas, por ahora no hemos recibido señal que indique que será posterior a esa fecha.

¿De cuánto fue la oferta por cada uno de los bloques?
Esto es información que hace parte del proceso, y esta es una transacción que avanza pero no está cerrada. Además, lo importante aquí es el compromiso de hacer inversiones en la Costa que no se han hecho en los últimos 10 años. Hasta que la transacción no se cierre no se podrán tener esos valores.

¿Con la coyuntura, estas inversiones podrían aumentar?
Esto es un tema financiero y de caja operativa de cada compañía, esto no está relacionado con las inversiones. En la obligación de inversiones sabían que el monto mínimo no era negociable, y es lo que va a garantizar que ellos puedan restablecer las condiciones de servicio que se merece la Costa. Por ese lado, Electricaribe hoy ofrece un diferimiento obligatorio, pero los operadores, después, cuando empiecen a recuperar esos cobros, pues los van a incorporar a su flujo financiero.

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La semana pasada hubo apagón en la Costa Caribe ¿cómo avanza ese proceso de indagación?
La mañana siguiente del suceso hicimos una solicitudes de requerimiento de información a todos los operadores. Debemos recibir las respuestas, porque no es solo determinar qué sucedió sino cómo está funcionando la coordinación con el centro nacional de despacho. Una vez tengamos las respuestas iniciaremos procesos de apertura de investigación para determinar si hay lugar a multas o sanciones.

El Perfil
Natasha Avendaño es magíster en Economía de la Universidad de los Andes, magíster en tributación internacional, comercio exterior y aduanas de la Universidad Externado, y tiene un máster y doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Berkeley. Fue directora de Gestión Organizacional en la Dian, entidad a la que estuvo vinculada desde 2012 y en la que también ocupó el cargo de subdirectora de Análisis Operacional. Laboró, además, en el Ministerio de Hacienda. Asumió como superintendente en octubre de 2018.