En tres meses el Ministerio de Ambiente deberá indicar cuál será la delimitación del área que comprenderá específicamente el Páramo de Santurbán, luego de una discusión de varios meses en la que se ha exigido políticas claras por parte del Gobierno Nacional.
Así quedó establecido este miércoles durante un debate que se llevó a cabo en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y en el que participaron los ministerios de Ambiente y Minas y Energía, la Gobernación de Santander, la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga (CDMB) y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
La decisión es importante por cuanto representa definir en cuáles zonas se puede llevar a acabo la actividad económica (minería, agricultura, etc.), es decir en qué puntos termina la delimitación del Páramo, sin contar con que la Procuraduría y la Contraloría establecieron que no se pueden otorgar títulos mineros a áreas específicas, hasta ahora desconocidas. Muchos empresarios esperan este pronunciamiento ya que se han visto obligados a detener los trabajos en la zona, lo que ha significado despido de cientos de empleados, como las 300 personas de la compañía AUX, situación que amenaza con propagar la minería ilegal.
La comisión accidental de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, encargada de revisar la situación del Páramo, se integre en la mesa de trabajo con el Ministerio de Ambiente y el Instituto Alexander von Humboldt que deberá presentar un informe a la Comisión el próximo 5 de julio.
Actualmente, la única delimitación que pesa sobre la zona corresponde a declaratoria de Parque Natural Regional (11.700 hectáreas en Santander), proceso que tardó unos 10 años. Sin embargo, en el proceso de dicha acreditación se presentaron dificultades productivas similares a las actuales.
Según el representante conservador por el departamento de Antioquia, Juan Diego Gómez, se han realizado dos audiencias públicas (en diciembre y en febrero) y se escucharon más de 55 intervenciones de la comunidad con las cuales se estableció “que había unas falencias en cuanto a las condiciones y los estudios para la declaratoria de parque y para la misma delimitación del páramo relacionadas con las condiciones socioeconómicas de la región, que se han visto afectadas”.
Para el parlamentario el problema no es que no se pueda hacer actividad minera ni agrícola, sino la incertidumbre de saber dónde se puede y dónde no. En ese sentido, Gómez resalta que “por primera vez se dijo que no se puede pasar la responsabilidad de un lado a otro y el Ministerio de Ambiente se comprometió a resolver el tema.
Finalmente, el representante llamó a que el país no se polarice sino que busque un punto medio pues ya han habido intervenciones de parte y parte: “estamos hablando de seres humanos que se encuentran asentados en una zona de páramo, que la norma se apruebe no significa que se vayan a desplazar, menos cuando ya se ha hecho minería ahí por 450 años”, resaltó.
“No existe un documento que indique el manejo integral de la zona, se está elaborando. La situación es compleja porque no partimos de cero y eso significa que no vamos a tener un páramo perfecto sino intervenido, pero hay que buscar cómo se puede hacer una recuperación de zonas a través de una intervención ordenada, para que se pueda hacer una actividad económica sostenible”, concluyó Juan Diego Gómez.
