Aunque la cifra ha aumentado en siete años, las acreencias de la nación a las IPS por los tratamientos que están fuera del plan básico de salud también lo han hecho

Adriana Carolina Leal Acosta

En promedio, la proporción de los recursos destinados del presupuesto General de la Nación al sector salud ha sido de 9% desde 2012, año en el que se dividieron los ministerios de Trabajo y Salud.

Dicho rubro se ha incrementado, también en promedio y durante el mismo periodo, alrededor de 14% año a año. Sin embargo, la cifra no siempre ha sido positiva ni el comportamiento ascendente, pues entre 2016 y 2017, por ejemplo, la variación fue de -2,2%.

De acuerdo con los registros oficiales, la mayor parte del dinero se destina al funcionamiento de las entidades asociadas a la Salud y una cantidad mínima va a inversión, lo que además se ha ido reduciendo con el tiempo. Pues, por ejemplo, mientras en 2012 el gasto de inversión de este sector representaba 6,6% del total de su presupuesto, en 2019 la proporción fue inferior a 1%.

Es importante recordar que los servicios de salud en el país no son financiados exclusivamente por la Nación, pues desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el sistema se privatizó, por lo que se creó el régimen contributivo y el subsidiado, que corresponde al Sisbén.

Por un lado, en el régimen contributivo, que acoge a prácticamente 50% de los 43 millones de afiliados del sistema que se figuraban el año pasado, según la Adres; los trabajadores hacen una contribución mensual que se descuenta del salario y se complementa con el pago que hace el empleador.

Mientras que en el régimen subsidiado, que acoge al otro 50% de los usuarios, el Estado es el que paga con recursos que salen del Presupuesto General, el Sistema General de Participaciones y algunos impuestos recaudados por las entidades territoriales, como es el caso del consumo de cigarrillo, alcohol y juegos de azar.
Esto quiere decir que el Presupuesto se enfoca en la mitad de los afiliados, que son los subsidiados. No obstante, “la Nación mantiene una deuda con el sector privado que puede ser de entre $7 billones y $8 billones, por los tratamientos y medicamentos que están por fuera del Plan Básico de Salud (PBS) antes llamado POS; que se empezó a pagar con títulos TES, pero en 2017 se agotaron, por lo que se empezó a acumular una deuda que es la que se busca pagar con la Ley de Punto Final”, explicó Jaime Arias, exministro de Salud.

LOS CONTRASTES

  • Jaime AriasExministro de Salud

    “Siempre habrá un déficit en la salud, nosotros calculamos que es de alrededor de $10 billones anuales. La mayoría de las deudas son por medicamentos que están por fuera del Plan Básico de Salud”.

Desde el inicio de la crisis del Covid-19 la Nación anunció que se adelantarían giros relacionados con la mencionada Ley para darle liquidez a las EPS e IPS, e incluso el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo el pasado sábado que en las últimas dos semanas se adelantó el pago de $364.000 millones a clínicas y hospitales. Sin embargo, la crítica que han hecho distintos gremios médicos es que eso corresponde a deudas y aún no se ve la mejora en las condiciones.

En 2019 se pagó la cifra más alta por no PBS
Los tratamientos y medicamentos que están por fuera del Plan Básico de Salud, antes llamado POS, los debe pagar la Nación, lo que costaba entre $2 billones y $3 billones anuales, pero en 2019 la cifra ascendió a $4,1 billones, siendo 32% más alta que en 2018 y la más grande en la historia. Para evitar que el problema continuara creciendo, el Gobierno creó el modelo de techos prospectivos, con el que se le pagará a las EPS e IPS por adelantado lo que se proyecta que se va a gastar en no PBS, sin embargo, con la crisis del Covid-19 es posible que este modelo sea insuficiente.