El Pnud pide que el medio ambiente no sea una víctima de la paz

Lo hizo a través de un informe en el que publicó su previsión de la forma en que ese arreglo para el fin del conflicto llegaría a ser perjudicial en materia ambiental y, por ello, la necesidad de atender a recomendaciones que permitan reducir el daño y preservar los recursos naturales. 

A lo largo del informe, el Pnud hace cuatro recomendaciones fundamentales que deben abordarse ya en las discusiones de La Habana, de cara a un postconflicto en Colombia y considerarlos para todos los puntos definidos por la Agenda de Conversaciones. 

Según el informe, “el conflicto ha causado daños al medio ambiente por la siembra de minas antipersona, el ejercicio de la violencia en áreas protegidas, la deforestación provocada por los cultivos ilícitos y el crecimiento de la minería ilegal”. Pero también señala la paradoja de que muchas de las zonas mejor conservadas en términos ambientales son aquellas que, por ser tan remotas y tan aisladas como consecuencia del conflicto armado, han tenido un desarrollo limitado. 

El Pnud sostiene que “los territorios más alejados serán protagonistas en la implementación de las acciones que acompañan la construcción de paz” entre las que se incluyen el desarrollo de infraestructura, desarrollo agropecuario, apertura de mercados, programas de desminado, sustitución de cultivos de uso ilícito y la creación de un fondo de tierras para la restitución a las víctimas. 

Según el organismo de la ONU, esto hace indispensable tener en cuenta una gran variedad de aspectos de la sostenibilidad ambiental, tanto en la planificación como en la implementación de los acuerdos. 

Las recomendaciones del informe

1.- La primera de las cuatro recomendaciones que da el informe de las Naciones Unidas es en torno al ordenamiento territorial, el cual debería hacerse de manera concertada con las comunidades de cada territorio. Además, tener en cuenta las evaluaciones técnicas del suelo, las cuales determinarán qué uso se le puede dar a cada territorio. 

Para lograr esto, el informe propone que el Gobierno promueva procesos de participación ciudadana y campesina con los que se logre una construcción colectiva de propuestas de uso del suelo, con el fin de que el Ordenamiento Territorial no se convierta en una restricción externa a la transformación del territorio. 

El Pnud advierte que “no manejar de forma integral y sostenible el territorio, puede generar impactos negativos en la provisión de servicios ecosistémicos para las comunidades y los sectores productivos locales”. También, que “una evaluación correcta del terreno puede evitar la asignación de tierras improductivas con fines productivos a las víctimas”. 

2.- El segundo consejo consiste en que el desarrollo rural en los diferentes territorios genere una producción sostenible, más allá de lo agropecuario, lo que implica considerar el patrimonio natural y específicamente la innovación en el aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como una alternativa para diversificar la producción rural. 

Entre estas actividades está la silvicultura, que consiste en la siembra de árboles para obtener productos como madera, frutos y calidad ambiental mediante la reforestación de áreas protegidas. También están el ecoturismo, la comercialización de plantas medicinales, aceites y mieles, así como la promoción de prácticas tradicionales y ancestrales para el uso sostenible del patrimonio natural. 

Esto también implica reconocer el valor de los ecosistemas más allá de lo monetario, considerando sus servicios naturales. Esto necesitará de una gestión que promueva la corresponsabilidad social y sectorial con el medio ambiente, generando oportunidades de trabajo en el cuidado de estas áreas, en los que los diferentes organismos del Estado hagan un pago por servicios ambientales. 

3.- La regulación de la actividad minera y extractiva es un tema que no se aborda en las conversaciones de La Habana (Cuba) con las Farc. Sin embargo, según el informe del Pnud, “la implementación de las propuestas puede verse afectada por la actual política minero energética”. 

De acuerdo con el estudio, que la planificación de las zonas mineras esté controlada por el gobierno central, limita mucho a las autoridades regionales, seccionales o locales para establecer zonas de exclusión minera. 

La legislación colombiana, que establece que el subsuelo es propiedad del Estado, abre la posibilidad de que “la tierra sea expropiada a los agricultores de manera legal, sustentada en el atributo jurídico de la utilidad pública y el interés social”. 

Esto genera preocupación debido a la baja participación del Estado en las rentas mineras y la cantidad de exenciones tributarias que hay en Colombia para esta actividad, lo que reduce la posibilidad de utilizar esta rentabilidad para el bienestar de la población local. 

De hecho, un cruce de información hecho por el Pnud muestra que, en más del 80% de los municipios más afectados por el conflicto existen títulos mineros otorgados, al punto de que existen municipios con más del 40% de su territorio titulado para minería. 

En este sentido, el Programa de la ONU para el Desarrollo propone que, para la otorgación de licencias de extracción minera o de hidrocarburos, se haga una evaluación completa de su impacto ambiental y se compensen estos daños mediante relaciones incluyentes, como la vinculación laboral de las comunidades locales, víctimas del conflicto y excombatientes. Todo esto enfocado en que la riqueza generada pueda ser canalizada para promover un desarrollo local sostenible, de tal modo que apenas termine la explotación no haya crisis económica ni laboral en los respectivos municipios. 

4.- Para implementar los acuerdos de La Habana, de manera que generen el mínimo perjuicio al medio ambiente, las instituciones del Estado deben fortalecerse, tanto a nivel nacional, como a nivel regional y local. 

Estas instituciones deberán enfocar sus esfuerzos en su fortalecimiento técnico y financiero, así como en su capacidad de interlocución política para la resolución de conflictos. También deben mejorar en su habilidad para articular la escala nacional con la regional y la local en sus dinámicas de intervención para recordarles a las demás autoridades locales y nacionales su responsabilidad ambiental. 

Adicionalmente, se propone que los ministerios de Agricultura, Ambiente, Transporte y Minas y Energía se articulen para armonizar sus políticas y establezcan claramente las competencias de cada uno en los temas de planificación rural. 

Todo esto requerirá que las entidades regionales y locales reciban una proporción del presupuesto, acorde a sus responsabilidades, de tal modo que no se deje de ejecutar la gestión ambiental en el nivel local por falta de recursos económicos. 

A esto debe sumarse la construcción de una institucionalidad a nivel de los corregimientos e inspecciones de Policía ya existentes, mediante la formalización de Juntas de Acción Comunal para que las comunidades desempeñen funciones importantes en la decisión del uso del territorio. 

Peticiones enviadas a La Habana

Jimena Puyana, oficial de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas dijo que el informe y las propuestas elaboradas por el Pnud ya fueron entregadas al equipo negociador de paz del Gobierno Nacional en La Habana. Entre las peticiones que se les presentaron a los negociadores están: 

-    Tener en cuenta que el ordenamiento territorial participativo debe ser una condición para la implementación de cualquier acción. 

-    Que la implementación requiere, además de recursos financieros, el fortalecimiento de las entidades gubernamentales y organizaciones comunitarias en temas como construcción de paz y desarrollo sostenible. 

-    El aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, para diversificar y dinamizar las economías y los modos de vida locales. 

-    Establecer una clara frontera agropecuaria, de tal modo que las zonas de reserva forestal no se entreguen ni se usen para ninguna actividad agrícola o pecuaria. 

-    Reconocer lo fundamental que es la importancia del co-manejo de los recursos naturales, entre el Gobierno Nacional, las autoridades regionales y locales, así como la comunidad local.