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"No creo que el Gobierno esté en el plan y desde el punto de vista gremial tampoco existe ese interés, de atacar a los empresarios formales. Evidentemente, donde haya focos delincuenciales o contranvencionales, tiene que entrar la autoridad a sofocarlos. Lo que más nos interesa es reivindicar la actividad del empresario formal, frente a aquel que actúa en la ilegalidad", señaló Domínguez.
Para el jefe gremial, lo que busca el Gobierno con esta Ley es que se persigan todos los circuitos del delito, porque la informalidad y la ilegalidad pesan muy fuertemente con la actividad del empresario formal, ya que es una competencia desleal y afecta al país.
"Desde el gremio queremos que cada vez más, más empresarios colombianos de todas las actividades de comercio, industria y servicios, actúen legalmente y, frente a cómo tratar temas delincuenciales, sin duda nuestras bases de datos deben servir para identificar aquellos casos en que haya lavado de activos, en que haya efectivamente contrabando o circuitos, por ejemplo, de reciclaje de mercancías robadas", explicó Domínguez.
Toda esta polémica se ha generado sin que el presidente Juan Manuel Santos haya sancionado la Ley Anticontrabando, la cual reiteradamente el Gobierno ha afirmado que sólo ataca a los grandes contrabandistas, pero ante la cual se opone la junta directiva de la Federación Nacional de Sanandresitos de Colombia.
Esa organización, por intermedio de su presidente, Albeiro Camacho, manifiesta que pese a que existe una mesa técnica conformada con el Gobierno para socializar y, eventualmente, concertar el contenido de la ley, los avances que se han dado han sido mínimos.
Gustavo Marulanda, director del Igac, explicó que en el último año se actualizó el catastro para unos 520 municipios, además de los 49 intervenidos durante 2024
El año pasado, la ANI constituyó reservas por $4.839 billones relacionadas con vigencias futuras de proyectos concesionados del modo carretero
La deuda del sector público ascendió a US$157.833 millones, lo que representa 34,4% del PIB. Por su parte, la deuda del sector privado se ubicó en US$95.336 millones