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Los anteriores decretos corresponden a subsidios, seguridad y servicios públicos.
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El Ejecutivo prorrogó 11 medidas para atender la emergencia, entre ellas están las de subsidios, porte de armas y servicios públicos
Mediante el decreto 0467 del 23 de abril de 2025 de la Presidencia de la República, el primer mandatario levantó el estado de conmoción interior que declaró el 24 de enero del 2025 para la región del Catatumbo.
Sin embargo, el 2º artículo señaló que se prorroga por 90 días calendario a partir del 24 de abril del mismo año la vigencia de decretos legislativos. Estos son: 106, 107, 108, 117, 118, 120, 121, 134, 137, 180 y 433 de 2025.
Los anteriores decretos corresponden a recaudo tributario, subsidios y servicios públicos.
En su momento, el Ministerio de Agricultura fue la entidad que emitió las medidas para afrontar la conmoción, dictando tres decretos para la protección de la producción agropecuaria, la distribución de alimentos y brindar mecanismos de financiación a los campesinos.
El decreto 108 autoriza la expropiación por vía administrativa y prioriza a las víctimas de desplazamiento forzado y también de excombatientes. También propende a la mitigación de efectos derivados de la situación de orden público frente a la titularidad, tenencia y ocupación de bienes de campesinos y pequeños productores.
En cuanto al decreto 107, se faculta a la Agencia de Desarrollo Rural a contratar de forma directa bienes y servicios que contribuyan al restablecimiento de las actividades agropecuarias del Catatumbo y también del área metropolitana de Cúcuta, y dos municipios de Cesar que se incluyeron en la con el estado de conmoción, Río de Oro y González.
Otro de los decretos es el 120, el cual autoriza a distintas empresas de movilidad para ayudar al traslado de personas en la región. En cuanto al 119, el Ministerio de Trabajo estableció el trabajo virtual para el sector empresarial como medida de protección.
El decreto 118 tiene como objetivo que un comandante de las fuerzas militares planeara y condujera las operaciones y operativos policiales y suspendiera de manera temporal el servicio de porte de armas.
El 121 otorgaba subsidios para servicios públicos de alcantarillado, aseo y acueducto hasta 90% de los desplazados y las víctimas del conflicto. En el estado de conmoción, se declaró que podrían destinarse recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico y así apoyar financieramente el mantenimiento de dichos servicios.
La anterior medida también permitía el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, para atender a la población desplazada.
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