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De acuerdo con declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la entidad, Germán Córdoba, este caso tiene una historia de diez años cuando el entonces Instituto Nacional de Concesiones (Inco) requirió este predio que fue avaluado por $2.100 millones.
En ese momento, el dueño del bien no quiso llegar a un acuerdo lo cual llevó a una expropiación. El meollo del asunto corrió por cuenta de una juez que determinó que el predio efectivamente no valía los $2.000 millones que decía el Inco sino $15.000 millones. En este punto, Córdoba señaló que la Corte Suprema de Justicia le dio la razón ya no al Inco (que para ese entonces fue reemplazado) sino a la ANI.
La juez, que también lleva unos procesos similares en otros predios del corredor, insistió y estaría obligando al desembolso, con su decisión, de $33.000 millones. En los otros procesos resultan salpicados el Frigorífico del Valle, predio que según la ANI está avaluado por $80 millones y piden la suma de $4.000 millones. Sin embargo, ese predio no fue comprado por la entidad y terminó en un cuello de botella para los usuarios de la vía.
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