MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Después de haber sido aplazada por la emergencia sanitaria que causó la pandemia, la audiencia se realizará durante agosto
La Sección Tercera del Consejo de Estado anunció que el el magistrado ponente sobre el caso de la viabilidad o no del 'fracking', Ramiro Pazos, decidió fijar la audiencia para estudiar la discusión el próximo jueves 20 de agosto.
Vale recordad que, debido a la emergencia sanitaria y económica que causó el covid-19, esta audiencia ya había sido aplazada por dos ocasiones.
En esta audiencia se analizarán todos los estudios relacionados con este tipo de explotación de petróleo, en el que participa la academia, expertos, el gremio, el Gobierno y otros actores interesados.
A mediados de julio, el Consejo de Estado admitió dar trámite a una demanda que busca que se anule el decreto por medio del cual el Gobierno fijó los lineamientos para adelantar proyectos piloto de investigación integral sobre yacimientos no convencionales de hidrocarburos, utilizando la técnica de fracturamiento hidráulico conocida como ‘fracking’.
La decisión obedeció a una demanda de nulidad por inconstitucionalidad que se presentó contra esta disposición.
Para los accionantes, el acto administrativo vulnera el principio de precaución, en detrimento de los deberes del Estado de prevenir daños ambientales; el derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano, y el derecho a la participación libre e informada que deberían tener comunidades indígenas y tribales, a través de la consulta previa obligatoria que, según los firmantes de la demanda, debería exigirse frente a cada uno de los proyectos.
Las expectativas de la misma estatal petrolera y el mercado financiero apuntan a que las utilidades alcanzarán entre $4 y $5 billones
Uno de los principales reparos está relacionado con el aumento del IVA de 5% a 19%
El Gobierno Nacional tiene poco más de seis semanas para sacar adelante la Ley de Rescate con la que busca ajustar las finanzas públicas en cerca de $45 billones
