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Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
El proceso es liderado directamente por Ecopetrol, con apoyo de firmas internacionales expertas
Ecopetrol emitió un comunicado dirigido a la opinión pública para responder a una publicación de un medio digital, relacionada con la contratación de un servicio de regasificación en el Caribe colombiano.
La empresa señaló que ni su presidente, Ricardo Roa Barragán, ni su Junta Directiva han instruido o solicitado a su filial Hocol o a alguno de sus colaboradores adelantar procesos relacionados con proyectos de regasificación.
Aclaró que, contrario a lo afirmado en la publicación mencionada, ningún contrato ha sido adjudicado, pues aún no se ha abierto un proceso de selección. Ecopetrol indicó que se encuentra realizando sondeos de mercado para evaluar la disponibilidad, características técnicas y viabilidad de plantas flotantes de regasificación. Agregó que no se ha definido la ubicación, el tamaño, la tecnología ni el mecanismo de selección.
El proceso es liderado directamente por Ecopetrol, con apoyo de firmas internacionales expertas. Cualquier decisión respecto a la adjudicación del servicio se tomará conforme a los procedimientos de la compañía y requerirá la aprobación de las instancias corporativas correspondientes.
Ecopetrol confirmó que la responsabilidad de cualquier proyecto de importación de gas natural dentro del grupo recae exclusivamente en Ecopetrol. La empresa evalúa técnicamente las mejores localizaciones para una futura planta, considerando opciones en La Guajira y Coveñas.
Para garantizar la transparencia del proceso, Ecopetrol solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República. Esta última activó un proceso de seguimiento permanente a los recursos públicos.
La empresa gestiona actualmente los permisos y condiciones normativas necesarias para evaluar la integración de soluciones como LNG Ballena, LNG Coveñas y la regasificadora del Pacífico, en función de su viabilidad técnica, comercial y regulatoria.
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Indicaron que los costos asociados a la solución forman parte de una inversión general estimada en $140.000 millones
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