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Desindexar la vivienda VIS del salario mínimo fija tope un máximo de $236 millones
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La cartera de Vivienda fijaría topes de 135 salarios mínimos para la VIS y de 90 para la VIP, con el fin de mitigar los efectos del ajuste del salario mínimo
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicó un borrador de decreto con el que busca que la Vivienda de Interés Social, VIS, y la Vivienda de Interés Prioritario, VIP, se comercialicen en pesos y no en salarios mínimos.
La cartera fijaría topes de 135 salarios mínimos para la VIS y de 90 salarios mínimos para la VIP, lo que equivaldría, con un salario mínimo de $1,75 millones, a un techo de $236 millones para las viviendas VIS y de $157 millones para las VIP. En el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el valor máximo para la vivienda de interés social rural sería de hasta $490 millones.
Si bien es una medida con la que se pretende contrarrestar los efectos del incremento del salario mínimo de 23% sobre la inflación, no es la primera vez que el Ministerio anuncia topes para la vivienda en 2026. El primero se dio el 15 de enero, cuando la cartera estableció que el tope general del valor de la vivienda VIS sería de 135 Smlmv.
Antes de la publicación de los decretos que abren la puerta a la desindexación de la vivienda, los topes para la VIS eran de $192 millones con el salario mínimo de 2025 y de $236 millones para 2026, lo que representa un incremento interanual de $44 millones.
Ahora, la vivienda de interés social en aglomeración sería la que más se vería impactada por los decretos de desindexación. Antes de su expedición, tenía un tope de 150 salarios mínimos ($214 millones en 2025 y $263 millones en 2026); sin embargo, el nuevo tope de 135 Smlmv también la ubica en $236 millones. Esto significaría $27 millones menos con los decretos de desindexación que sin ellos.
El borrador establece que toda separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario u otro negocio jurídico para adquirir VIS deberá fijar de manera expresa, clara y verificable el precio total en pesos colombianos, el cual será el único valor exigible durante la ejecución del contrato.
En el primer decreto ya se había establecido que los únicos ajustes permitidos serían en pesos colombianos, cuando existan motivos extraordinarios que afecten los precios de los insumos y estén soportados en el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones, Icce, del Dane.
La justificación del Gobierno para desindexar el precio de la vivienda del salario mínimo es que el ritmo de crecimiento de los costos de producción y de la mano de obra no coincide con la variación del salario mínimo ni de la inflación. Según la cartera, al cierre de 2025 estos costos crecieron 3,61%, frente a una inflación de 5,1%.
“El riesgo es la oferta futura: frenar la construcción hoy implica menos vivienda mañana y, en consecuencia, más presión sobre los arriendos y la vivienda usada”, apuntó el Ministerio.
Sin embargo, Camacol ya había expresado su desacuerdo con la propuesta de desindexación, al considerar que no cumpliría el objetivo de aliviar el gasto de los hogares, sino que reduciría la oferta, encarecería el mercado y pondría en riesgo los subsidios y el acceso al crédito hipotecario.
“Obedece al intento de contrarrestar los efectos de la inflación. Pueden ajustar los precios de comercialización, pero los costos de producción seguirán subiendo”.
“Todavía persisten algunos costos sensibles al salario mínimo, como multas administrativas, tarifas notariales específicas, arrendamientos o servicios profesionales”.
La propuesta de desindexar la vivienda del salario mínimo es uno de varios gastos que podrían seguir el mismo camino para contener los efectos inflacionarios del alza del mínimo. Entre ellos se cuentan las multas y sanciones administrativas, ciertos trámites ante entidades públicas, tarifas notariales específicas, topes para acceder a subsidios y programas sociales, y algunos ajustes contractuales privados, como arrendamientos o servicios profesionales.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la EIA, señaló que el impacto del salario mínimo sobre los factores indexados a este indicador llevaría a que la inflación de 2026 cierre en un rango de 6,5% a 6,7%. “La inflación se acelerará cerca de 30% este año”, concluyó. En todo caso, el alcance final de la desindexación dependerá de la versión definitiva del decreto y de la reacción del mercado.
En el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el valor máximo para la vivienda de interés social rural es de 280 salarios mínimos. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la decisión tuvo en cuenta factores como la adaptación ante eventos climáticos, las cantidades reales de obra y los precios actualizados de materiales, transporte interno y mano de obra local, así como criterios de resiliencia al cambio climático. En este sentido, el tope máximo sería de $490 millones, con un valor aproximado de $6.809.075 por metro cuadrado.
Este fue el año donde el Estado colombiano gastó más dinero, en términos nominales, tras superar los $400 billones por segundo año consecutivo, en el acumulado total
Sin embargo, esta medida no modifica el monto total anual asignado, sino que se ajusta temporalmente la programación del primer giro del año
Bogotá tiene velocidad promedio de 18,9 km/h, 117 horas perdidas al año y 4,7 kilómetros recorridos en 15 minutos en hora pico
