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Jaime Pumarejo, director por Colombia y Perú ante el BID impulsará la búsqueda de nuevos mecanismos de financiación
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La operación hace parte de un paquete anunciado por US$842 millones y respaldará medidas para ampliar la oferta de energía, facilitar conexiones y fortalecer la cobertura rural
Colombia busca destrabar las inversiones que necesita su sistema eléctrico con el respaldo de la banca multilateral. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aprobó un crédito por US$450 millones para apoyar reformas que faciliten la entrada de nuevos proyectos, mejoren la sostenibilidad financiera del sector y fortalezcan la seguridad del suministro.
La operación se suma a una iniciativa de financiación que, según anunció Jaime Pumarejo, director ejecutivo del BID para Colombia y Perú, alcanzaría US$842 millones. Ese monto incluye US$221 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, y US$171 millones del banco alemán KfW. Del total anunciado, la aprobación informada por el Directorio Ejecutivo del BID corresponde a los US$450 millones.
El respaldo llega con una agenda que abarca distintos eslabones del negocio eléctrico: desde las condiciones para construir centrales y transportar su energía hasta las dificultades de distribución y comercialización. El propósito es mejorar el funcionamiento de un sistema cuya expansión requiere tanto nuevas inversiones como reglas que permitan ejecutarlas.
“Este es el primero de muchos esfuerzos que vamos a realizar con el sector”, afirmó Pumarejo desde Washington. El directivo señaló que la cooperación buscará atender problemas asociados con las tarifas, la insuficiencia de nueva generación y las restricciones que enfrentan las redes eléctricas.
El crédito aprobado tendrá un plazo de amortización de 20 años, con cinco años y medio de gracia y una tasa de interés basada en la SOFR. Por tratarse de un préstamo de apoyo a reformas de políticas, su alcance está vinculado a cambios institucionales y regulatorios que mejoren las condiciones del sector, sin que el monto equivalga a una inversión directa en una central o una obra específica.
Entre las medidas previstas están las subastas de contratación de energía a largo plazo para proyectos de generación y almacenamiento. Estos mecanismos buscan dar mayor previsibilidad a los ingresos de las iniciativas y facilitar las condiciones para atraer capital.
La agenda también contempla reglas para incorporar baterías al sistema eléctrico nacional. El almacenamiento permite guardar energía para utilizarla en otros momentos, una herramienta que puede contribuir a aprovechar mejor la generación y dar mayor flexibilidad a la operación.
Otro de los frentes será liberar capacidad de conexión que actualmente se encuentra bloqueada. Este punto es relevante porque la expansión de la oferta no depende únicamente de construir proyectos: también exige que puedan conectarse y entregar su energía a la red.
A ello se sumarán medidas para facilitar nuevas obras de transmisión, con especial atención al Caribe. Pumarejo destacó esta región entre las más afectadas por las dificultades de distribución y comercialización, por lo que tendrá un lugar dentro de la agenda de cooperación.
Según las estimaciones del BID, las reformas permitirían crear condiciones para incorporar 24 gigavatios de capacidad al sistema eléctrico colombiano. Se trata de un objetivo asociado a la expansión futura y a las inversiones que puedan movilizarse, por lo que no corresponde a capacidad ya instalada ni a proyectos financiados íntegramente con este crédito.
El organismo calcula que las medidas podrían beneficiar a cerca de 17 millones de usuarios del Sistema Interconectado Nacional. Sin embargo, el anuncio no establece una reducción inmediata de las tarifas: el alcance informado se concentra en fortalecer las condiciones de inversión, operación y sostenibilidad financiera.
La ampliación de la cobertura será otro componente del programa. A través de Fonenergía, se buscará mejorar el uso de los recursos públicos destinados a la electrificación rural, con una población potencialmente beneficiaria de aproximadamente 1,3 millones de hogares que hoy carecen del servicio.
La iniciativa incluye, además, acciones para avanzar en la integración eléctrica con los países andinos y Panamá. Con estos frentes, el Gobierno y los organismos de desarrollo buscarán que el respaldo financiero se traduzca en condiciones para ampliar la infraestructura y mejorar el acceso a la energía, una tarea cuyo resultado dependerá de la implementación de las reformas y de la ejecución de las inversiones.
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