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Rafael Barrios, abogado de Gustavo Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reunirá este lunes en Estados Unidos con voceros de ese organismo con sede en Washington, para insistir en las medidas cautelares luego de que el burgomaestre fuera destituido e inhabilitado durante 15 años por la Procuraduría General de la Nación.
Barrios manifestó su optimismo ante las eventuales medidas cautelares que ofrezca la Comisión al Alcalde de Bogotá, y afirmó que espera que el fallo llegue en el transcurso de la próxima semana.
En los documentos que entregará la defensa, se tendrá en cuenta cuál es el plazo que tiene el Procurador para dar como notificado el fallo en contra del Mandatario Distrital y cuál es el plazo del presidente Juan Manuel Santos para sancionar o no el fallo de la destitución.
Respecto a la tutela fallada por el magistrado Jesús María Armenta a favor de Petro, Barrios afirmó que “no cree que el pleno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la avale ya que Corte Constitucional ya ha dejado claro en ocasiones anteriores la negativa a que prospere una tutela en contra de una decisión administrativa.”
En el pasado mes de diciembre, el alcalde de la capital del país viajó a Washington y solicitó al tribunal medidas cautelares tras su destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos, determinada por el procurador Alejandro Ordóñez. Desde entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició la investigación sobre el tema.
A su regreso, el acalde Petro informó a través de cuenta de Twitter que la CIDH le solicitó información al Estado colombiano sobre su destitución, advertencia que despertó el interés de la opinión pública al revelar la gravedad del caso, pero, según lo explica el profesor de la Universidad del Rosario y abogado internacionalista Ricardo Abello, esta es una medida normal en el proceso.
Por lo tanto, el Estado colombiano deberá argumentar la decisión de destituir al Alcalde, quien fue elegido por voto popular, ante la CIDH. Aún así, la Comisión sólo podría solicitarle al Estado colombiano considerar la posibilidad de que el Alcalde recupere sus derechos políticos, pero no podrá tomar alguna medida al respecto.
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