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“Al día gastamos alrededor de $2.500 millones en seguridad”, director de la UNP

jueves, 30 de enero de 2020

La Unidad Nacional de Protección destina 7.900 escoltas para los protegidos: 1.900 de la planta interna y otros 6.000 tercerizados

El Gobierno anterior creó la Unidad Nacional de Protección (UNP) como una solución al problema de seguridad por el que atravesaban jueces, fiscales, testigos, defensores de Derechos Humanos, población en situación de desplazamiento, periodistas, sindicalistas, además de otras poblaciones vulnerables.

Pablo Elías González Monguí, director de la Unidad desde hace más de un año, explicó en Inside LR que el gasto del país en los esquemas de seguridad asciende a $1 billón, cifra que incluye el gasto en cerca de 8.000 escoltas y más de 4.500 vehículos, entre blindados y convencionales, que protegen a ciudadanos en 8.250 esquemas de seguridad.

Los alcaldes y gobernadores se quejan de que hay déficit de policías, ¿pasa lo mismo en los esquemas de seguridad para quienes necesitan protección?
Los alcaldes y gobernadores son población de la Policía Nacional, porque el alcalde es el jefe de la Policía en cada municipio, por eso ellos deben encargarse de su seguridad. Nosotros damos la parte infraestructural de protección, pero con un previo análisis que hace la Policía.

Pero, ¿en la Unidad se presenta este déficit?
Sí, por ejemplo, cuando hicimos el Plan Democracia, este tuvo que ver con las elecciones, no había hombres de protección y nos tocó recurrir incluso a los de la planta administrativa para que cumplieran con esa función. Tuvimos que reducir algunos esquemas para llegar a otros. Llegamos a tener más de 2.000 candidatos protegidos.

¿Cuántos esquemas de seguridad hay y cuánto cuestan?
Tenemos 8.250 esquemas, para elecciones fueron 9.400. De esos 8.250, 60% son líderes sociales. Esta cifra ha venido creciendo, comenzamos en septiembre de 2018 con 51% y ha venido aumentando en 9%. Hoy el presupuesto es de $1 billón, es decir un presupuesto alto. La Unidad consume en seguridad, a diario, $2.500 millones.

LOS CONTRASTES

  • Alex CastroExperto en temas de justicia y seguridad

    “Los esquemas de protección funcionan no solo para proteger y elevar el estatus, sino también para mantener el esquema de incentivos dentro de la fuerza pública”.

Es decir que lo que gasta la Nación en seguridad es $1 billón...
Sí, eso, con la inversión que se hace en vehículos, medias de protección, y costos operativos.

¿Cómo se divide el consumo diario del que habló?
Eso implica esquemas de seguridad. Tanto esquemas blandos como duros, viáticos, combustible y gastos del tipo operacional de la planta de la Unidad.

¿Cuántas solicitudes recibe la UNP al año para esquemas de protección y de dónde vienen?
Son muchas, pero no todas cumplen con los requisitos para que una persona reciba protección. El año pasado recibimos 35.000 solicitudes, después de hacer el filtro procesamos 10.000. De las 35.000 se hace una depuración, algunas no pasan por no tener la característica de ser líderes sociales o defensores de derechos humanos, de esas procesamos 10.000, y de esas, para 8.250 se dio el esquema de protección, y los otros 1.750 se clasificaron como riesgo ordinario.

¿Cuánto cuesta un esquema de seguridad y qué elementos lo componen?
Depende del nivel de riesgo. Existe el extraordinario, pero para un esquema blando, normalmente es un chaleco de protección, un medio de comunicación y un botón de apoyo. Si se requiere un esquema superior puede ser con hombres de protección, vehículos o dos hombres, o si es un nivel duro, entonces con vehículos blindados y con más hombres de protección, de ahí para arriba. Hay esquemas con hasta 20 personas para la protección, depende del nivel de riesgo. Un esquema de protección con vehículo blindado, más dos hombres, cuesta $27 millones al mes.

¿Cómo se dividen, por riesgos, los esquemas de protección?
La mayoría son de riesgo extraordinario, que se mueve entre vehículo convencional y blindado. Esta mayoría clasifica en el rango de $27 millones.

¿Cuánto puede costar un escolta o en cuánto incrementa el costo del esquema?
Como tenemos el servicio tercerizado, la Unidad tiene cinco empresas que son consorcios distribuidos en diferentes regiones y ellos suministran los hombres de protección. Hoy estamos con alrededor de 6.000 y 6.200 hombres de protección. Pero eso día a día está cambiando; aumenta o decrece según la situación. A raíz del asesinato de Karina García se dispararon las solicitudes de protección. Por ejemplo, Cauca es uno de los departamentos donde tenemos más protegidos, todo lo que es el cordón Pacífico, parte de Valle del Cauca, Chocó, Urabá Antioqueño, Antioquia también, pero hay otras zonas muy neurálgicas como el Catatumbo o Sur de Bolívar. La situación depende del nivel de violencia de la región.

¿A los 6.000 que ya mencionó se deben sumar los de la planta administrativa?
Sí, la UNP tiene una planta fija, que son 1.200 más 700 hombres de protección, en total son 1.900 hombres a nivel interno, más los cerca de 6.000 que tenemos tercerizados.

¿Cuántos carros tienen para los esquemas?
Son 3.200 vehículos blindados más 1.500 convencionales.

¿Cuál es el perfil de las personas que trabajan para cuidar a las personas?
A raíz del acuerdo de La Habana hay una subdirección en la UNP, conformada por 900 reincorporados de las Farc que pasaron de ser guerrilleros a ser servidores públicos en la Unidad. Ellos son los de los esquemas de protección, más 300 personas de confianza, es decir, tenemos 1.200 escoltas que dan protección a un número importante de integrantes del partido Farc. Esas personas recibieron un entrenamiento por parte de la Unidad, y ya llevamos tres cursos.

¿Con el $1 billón cuántos esquemas de seguridad puede tener la UNP?
Podemos decir que con los que tenemos actualmente porque está presupuestado. De hecho, para el Plan Democracia el Ministerio de Hacienda nos previó de más recursos, porque colocamos más de 850 esquemas. En las elecciones había 1.300 líderes sociales más los 850 nuevos que teníamos que implementar.

En pocos meses se empezará a debatir el presupuesto general, ¿harán solicitud para aumentar su presupuesto?
En marzo tenemos que pasar la solicitud de presupuesto. Hacemos todas las consideraciones, el Gobierno mira y presenta el proyecto al Congreso, ahí se decide qué presupuesto nos da. En los años anteriores no alcanzaba el presupuesto y el Gobierno tuvo que hacer una redistribución de ingresos y terminó dándonos más para poder cumplir, para este año fueron $940.000 millones, pero necesitamos más. En este momento tenemos un déficit de $200.000 millones.

Si se subsana el déficit ¿hasta cuántos esquemas de seguridad podrían llegar?
Estamos haciendo un plan de choque a nivel interno y haciendo una mejor administración de los recursos, reduciendo cosas innecesarias y estamos haciendo una política de aforos. Los líderes sociales no pagan por esquemas de protección, pero como tenemos también servidores públicos, desde el Presidente, hasta los alcaldes, lo que hacemos es convenios con las empresas públicas para que también ellos paguen, porque tienen un fondo de seguridad.

¿Los protegidos deben poner recursos de su bolsillo para el esquema?
Esto está destinado solo a entidades públicas, porque algunos deben proveer de vehículos y seguridad a quienes ejercen el cargo, entonces la mejor forma no es con particulares sino con un convenio UNP-Entidad pública. A los líderes sociales no se les cobra.

¿Hay muchos exfuncionarios aún en protección?
No hay demasiados. El riesgo va pasando con el tiempo, y en esa medida se le finalizan las medidas de protección. Eso depende siempre del nivel de riesgo, hay personas con un riesgo alto y se les mantiene, y quienes no tienen una presencia nacional, se les va reduciendo.

¿Colombia es de los países en los que más se invierte en seguridad por el Estado?
En estos momentos es el que más invierte en América Latina. Existen otros modelos que desarrollan en El Salvador, Guatemala, México, Brasil, que han tomado como base lo que se hace en Colombia. La idea es que ojalá la UNP no existiera, pues la Unidad surge como una necesidad por la violencia contra los líderes. En un país en paz no debería existir una unidad así.

¿Cuál es el perfil del protegido al que la UNP le asigna un esquema de seguridad?
Analizamos que sea población nuestra, acreditada. Eso es en el caso de un líder de acción comunal. Se acredita con la certificación del Ministerio del Interior acerca del liderazgo de la persona, se verifica si evidentemente ejerce ese liderazgo, se mira también la visibilidad de la persona para ejercer eso. Debe existir una relación de causalidad, entre liderazgo y la amenaza de riesgo. Si se trata de un riesgo por un problema con un vecino, eso no nos corresponde.

¿Hay mujeres escoltas?
Sí, pero tenemos una dificultad. Estamos obligados a prestar una seguridad con enfoque diferencial, puede ser de género o étnico, por ejemplo. A los de las comunidades negras, poner personas de su misma comunidad, y en relación con las mujeres colocar también mujeres por el enfoque de género. Pero por el rol que ha desempeñado la mujer son pocas a las que les gusta desempeñar ese trabajo de protección.

¿Cuál debería ser el porcentaje mínimo de mujeres?
Tenemos 20% de mujeres protegidas frente a 80% de hombres. Eso requeriría, por lo menos, que tuviéramos 20% de mujeres, pero en este momento no se alcanza.

¿Qué controles están tomando para evitar casos de fraude frente a los carros blindados?

La Supervigilancia es la que expide los actos administrativos que autorizan el blindaje, ellos deberían hacer vigilancia si los vehículos están o no bien blindados. Eso no le corresponde a la UNP. Sin embargo, nos vimos precisados a aumentar los controles. Nosotros pusimos la denuncia ante la Fiscalía, porque lo consideramos fraude.

EL PERFIL
Pablo Elías González Monguí es abogado, egresado de la Universidad Libre, Especialista en Ciencias Penales y Criminología, y Derecho Público. También es Doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Trabajó en la Procuraduría General de la Nación entre 1989 y 1991, posteriormente, entre 1997 y 2000, se desempeñó como director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, y lideró la captura de Luis Alfredo Garavito. A principios de 2001 fue nombrado vicefiscal general de la Nación y en ese mismo fue fiscal general de la Nación encargado. Desde 2018 está al frente de la UNP.

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