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El procurador General de la Nación recomiendo una revisión estricta de la adjudicación del contrato.
En ocho puntos dirigidos a la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, recomendó al Gobierno Nacional una revisión estricta de la adjudicación del contrato de recuperación del galeón San José, sumergido frente a las costas de Cartagena desde el siglo XVIII.
El procurador explicó que es indispensable un blindaje jurídico del patrimonio que podría haber en el galeón y manifestó su inconformidad por el proceso de constitución de una Asociación Público Privada (APP) en época electoral. También destacó la urgencia de tener en cuenta recomendaciones del organismo global que protege el patrimonio cultural, es decir, la Unesco.
Por Ley de Garantías
Carrillo Flórez escribió que a los proyectos APP, se les aplicarían las restricciones del artículo 33 de la Ley 996 de 2005, norma que prohibe la contratación directa hasta la elección del presidente de la República, por lo que la celebración del contrato solo procedería después de las elecciones presidenciales.
“Hay que respetar la ley de garantías, que inhabilita cualquier tipo de contratación del Estado en esta época”, destacó.
"No hay reglas claras"
El procurador resaltó que la figura de APP plantea algunos riesgos en la protección del patrimonio que deberían blindarse antes de efectuar la contratación, entre ellos el esquema de remuneración, pues prevé el reconocimiento de un porcentaje de los bienes recuperados que no sean declarados como patrimonio cultural y derechos para el privado.
El Ministerio Público recomendó revisar la interpretación de estas disposiciones, “en especial para realizar los ajustes o precisiones que fueren del caso en el proyecto, evaluando si la entrega de un porcentaje de los bienes recuperados que no constituyan patrimonio cultural, se hace en calidad de aporte en especie por parte de las entidades estatales”.
Finalmente, el ente sugirió que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado prevea los posibles problemas judiciales que surjan y también la forma como se defenderían los derechos patrimoniales, en caso de que ocurran acciones que lo pongan en peligro.
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