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Carlos Hernán Rodríguez, contralor general
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A través de una carta señalan que la intervención estatal no ha surtido efectos positivos, y por el contrario han aumentado las deudas
La situación financiera de Air-e sigue siendo una de las mayores preocupaciones del sector energético y de las finanzas públicas. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, envió una carta al superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, en la que advierte sobre el deterioro de las condiciones económicas de la compañía, especialmente tras la intervención por parte del Gobierno.
En la misiva, el contralor señala que tras la vigilancia fiscal se encontraron riesgos que afectan los intereses públicos, lo que traería impactos económicos y sociales en la región.
En concreto, se hallaron cuatro riesgos, entre los cuales la “descapitalización progresiva” es el más significativo. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 se registró “La disminución del patrimonio de $2.218.357 millones a $131.500 millones, en un solo periodo 80% refleja una perdida significativa del valor patrimonial de la empresa, con un efecto directo en su solvencia y capacidad de inversión”, señala el documento.
Además de este detrimento, la Contraloría advierte que, de no revertirse la descapitalización, se “podría conducir a la inviabilidad económica de la entidad y a una dependencia permanente de inyección de recursos públicos lo que pone en riesgo la calidad y continuidad en la prestación del servicio de energía en la región Caribe”.
Esta coyuntura genera problemas tanto para la empresa como para la Nación. En la carta, el contralor señala que el deterioro de la cartera de Air-e supera los $6 billones, derivado del soporte de los estratos bajos, que concentran las mayores deudas y los mayores índices de morosidad; de hecho, la deuda de este segmento representa 73% del total.
El otro riesgo es la insolvencia y la pérdida de la capacidad de pago. Según la Contraloría, en el periodo evaluado los pasivos totales se incrementaron 53,6%. “esta estructura genera un riesgo inminente de incumplimiento de obligaciones con proveedores y agentes del mercado mayorista, La elevada exposición a deuda comercial y financiera, sin respaldo en flujos de efectivo suficientes, pone en riesgo la continuidad del servicio público esencial”, cita el texto, del cual se infiere un riesgo latente de cese de operaciones.
Uno de los puntos centrales de la carta aborda el uso de dineros del Estado para mantener a flote la operación. Según el órgano de control, Air-e ha recibido $147.885 millones en contratos de mutuo financiados por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos.
La crisis financiera de Air-e también impacta al mercado nacional. Los incumplimientos en el plan de inversiones derivan en problemas para los usuarios, tales como interrupciones en el suministro de energía y demoras técnicas, además de riesgos para las comunidades por la falta de una infraestructura capaz de soportar la operación.
“Esta situación representa un riesgo sistémico, al generar presiones para el traslado de mayores costos a los usuarios finales mediante aumentos tarifarios, así como impactos financieros adicionales sobre las empresas generadoras, en especial las hidroeléctricas, incluyendo la posible imposición de cargas fiscales o tributarias sobre sus utilidades netas”, detalla la carta.
Al cierre de la misiva, el contralor Rodríguez instó a adoptar mecanismos inmediatos que optimicen la calidad y continuidad del servicio, indicadores principales para evaluar la gestión de la compañía y la atención a los usuarios.
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