Procuraduría pidió balance financiero de 19 meses de intervención de Air-e a la Superservicios

Ya se completaron 19 meses desde que el Gobierno intervino Air-e y, aunque el Ejecutivo ha defendido su gestión en la compañía, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre la falta de evidencia que garantice la viabilidad de la electrificadora. Por tal razón, pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta, presentar un informe de los avances operacionales y financieros alcanzados.

Según advirtió el Ministerio Público, es inquietante que a la fecha "no existan estados financieros plenamente verificados ni se registre la publicación de los informes de auditoría correspondientes". A su vez, señaló que se ha viene registrando un aumento sostenido de los pasivos corporativos de Air-e, además de las irregularidades contractuales que se han conocido los últimos días.

La Procuraduría también se refirió al cambio constante de interventores, pues van cinco hasta el momento, y aseguró que es una decisión que afecta la continuidad y la trazabilidad "técnica, administrativa y documental del proceso de intervención".

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Sobre la falta de certeza sobre una solución empresarial definitiva, pidió a la Superservicios hacer una hoja de ruta y detallar los mecanismos de empalme implementados durante los cambios de administración.

De conformidad con estos hechos, exigió a Air-e entregar sus estados financieros auditados desde septiembre de 2024, así como la relación de los contratos por más de $500 millones. Además, la compañía deberá presentar un "plan de acción concreto y estructurado para atender las millonarias obligaciones acumuladas con el mercado".