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Las licencias ambientales y la delimitación de los páramos no son las únicas preocupaciones de las empresas mineras.
Ahora, con el ‘no’ tajante de la población de Piedras en Tolima, las consultas populares ponen a tambalear proyectos de inversión en minería. Preocupa el impacto para la inversión y el efecto dominó que este caso pueda generar.
De los 3.007 votantes en 2.971 dijeron que no querían actividades de exploración, explotación, tratamiento, y demás actividades relacionadas con la minera aurífera. No obstante, señaló César Díaz, presidente de la Cámara Colombiana de Minería (CCM), la pregunta a los ciudadano definía la minería ilegal y no a la que se busca sea la jalonadora de este sector. Además afirmó, “todavía no hay estudios técnicos que señalen este tipo de afectación ni la comunidad ha tenido tiempo de informarse”.
En la pregunta se incluían apreciaciones como el “almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades”, lo que, señala Díaz, pudo inducir a responder a los habitantes de manera negativa.
Sea como fuere, según lo señala la Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana, “en todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria”.
Sobre este tema, Aníbal Fernández de Soto, viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, destacó que con la advertencia del Procurador General sobre la competencia de la decisión, a ver si es Nacional, se está analizando a ver qué manejo se le va a dar a este resultado.
La opinión
Aníbal Fernández de Soto
Viceministro para la participación e igualdad de derechos
“Vamos a sentarnos con Minminas y Ambiente a ver qué manejo se le va a dar a este resultado, porque claramente hay una posición que los habitantes han expresado”.
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