Con el frenazo a las viviendas gratuitas del Gobierno, pierden familias y constructoras

A partir de este lunes, con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, unas 30.000 familias que esperaban recibir sus viviendas este año, así como las firmas constructoras de los proyectos, serán los grandes perdedores de la decisión de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de ponerle un freno a la entrega de casas gratuitas.

Ayer, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, reafirmó que a partir del 25 de noviembre aplicará la Ley para el candidato presidencial. Es decir que, ni Juan Manuel Santos, ni su Gabinete, podrán realizar inauguraciones o entregar obras públicas, porque se considerarían como actos de proselitismo. Y el Mandatario estaría incluido en este escenario, pues ya anunció su intensión de ir por la reelección en 2014.

“Los límites en la Ley se activan tanto en materia de contratación como en materia de inauguración de obras de infraestructura y otra serie de eventos”, dijo Ordóñez.

Estos pronunciamientos se dieron luego de que en días pasados el Ministerio presentó un derecho de petición a la Procuraduría para que explicara los efectos de la Ley en el programa de las 100.000 viviendas.

A esto, la entidad justificó que “en caso de coincidir la realización de Programa de Vivienda Gratuita con el plazo de restricción de la Ley de Garantías, los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y Directores de Entidades Descentralizadas (…), no podrán celebrar convenios interadministrativos”.

Frente a esta respuesta, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, salió al paso para pedir que el plazo se extendiera a los funcionarios públicos del Gabinete Santos hasta enero de 2014, como establece la Ley. Aún así, Ordóñez descartó esta posibilidad ayer.

Como resultado de esta decisión, la meta del Gobierno de entregar 50.000 viviendas de Interés Prioritario (VIP) antes de terminar el año definitivamente no será una realidad. En su lugar, solo se entregarán cerca de 20.000 unidades este año, mientras que las 30.000 restantes y otras 10.000 prometidas para enero de 2014 quedarán en vilo. Es decir, en total se pospondrán 40.000 casas del programa bandera del Gobierno Santos, hasta que se cumplan las elecciones.

Más allá de cumplir con la meta propuesta para 2013, lo preocupante son los actores que resultan afectados porque no se hará la entrega de las viviendas. En primera línea están cerca de 30.000 familias que no podrán recibir las casas que estaban presupuestadas para este año.

En un segundo lugar están las firmas constructoras que ya han avanzado en los proyectos. Para ellas, la dificultad radica en que el convenio concretado con el Ministerio establece que el pago de las obras solo se hace efectivo una vez que se entreguen las VIP y se firmen los papeles de propiedad, según explicó Henao.

Pero el Ministro insistió en que la Ley debería aplicar para el programa a partir del próximo 25 de enero. “Hicimos la consulta al Consejo de Estado, porque la Ley señala que son cuatro meses antes de las elecciones y a nosotros no están sumando dos meses. Ojalá que tengamos una respuesta lo más pronto posible, porque deben entender la inmediatez”, aseguró.

No obstante, el Consejo de Estado podría coincidir con el concepto de la Procuraduría. De ser ese el caso, “tenemos que respetar la decisión y detener las entregas”, dijo Henao.

Podrían haber Sobrecostos
A los líos que dejará la decisión de la PGN, se suman los posibles sobrecostos que tendría que asumir el Gobierno. ¿Por qué? El Ejecutivo deberá destinar más dinero para garantizar la seguridad de las viviendas durante el periodo en el que no se puedan habitar.

De no ser así, las construcciones corren el riesgo de ser utilizadas como hogar temporal por personas que viven en la calle.

“Claramente, el Gobierno no va a permitir que eso pase, pero es un riesgo que se corre. Esperamos que al final de esto no nos digan que debemos asumir sobrecostos por el aseguramiento de los proyectos”, concretó Henao.

Maratónica entrega de viviendas
Este fin de semana es crucial para el Ministerio. Desde ayer, y hasta el próximo domingo, la cartera recorrerá seis departamentos del país en los que entregará 2.442 VIP antes de que aplique la Ley de Garantías. Antioquia, Bolívar y Atlántico son algunos de los lugares que ha agendado Henao.

Pero, pese a que este esfuerzo es destacable, aún se queda corto ante la deuda que tiene el Gobierno con las familias. Son cerca de 70.000 hogares con bajos recursos que aún esperan una oportunidad para tener casa propia y que, por ahora, deberán posponer este sueño hasta el próximo año.

Firmas podrán aplicar hasta hoy para 86.000 cupos
Otro de los proyectos bandera del Ministerio es el nuevo programa de las 86.000 viviendas para ahorradores. Para este nuevo paquete de casas, las firmas constructoras tendrán hasta hoy para poder presentar sus proyectos y aspirar a participar en la ejecución de las obras. Dentro de los términos que ha establecido Fidubogotá, las compañías deberán demostrar su capacidad económica y técnica para el desarrollo de los proyectos. De esta forma, se garantizará el cumplimiento de las obras en el tiempo y con la calidad necesaria.

Las opiniones

Luis Felipe Henao
Ministro de Vivienda
“La Ley de Garantías hace que en los procesos que ya se había avanzado haya un retroceso. Pero la Ley no puede paralizar al Estado”.

Alejandro Ordóñez
Procurador General de la Nación
“La Procuraduría estará muy pronta y muy atenta a hacer cumplir la Ley de Garantías, para dar transparencia a los ciudadanos”.

Ligia Helena Borrero
Vicecontralora general de la Nación
“Uno de los mayores riesgos sigue siendo que un contratista que esté interesado en un proyecto entre a ser financiador de la campaña de un alcalde”.