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Comportamiento de la productividad laboral
Anif aseguró que un alza desproporcionado puede generar un repunte inflacionario, menor productividad e impacto pensional
Con la cuenta regresiva en marcha para la conformación de las mesas de concertación del ajuste del salario mínimo para 2026, se siguen dando luces sobre el impacto que tendría tal aumento en el poder adquisitivo, la inflación y esta vez, en el sistema de pensiones.
Anif, en su más reciente comentario económico, señaló que los efectos de un alza desproporcional en el mínimo del próximo año, muy por encima del valor de la inflación de 2025 y la productividad laboral, tendría un efecto directo en las finanzas públicas.
Puntualmente, señalaron que cada punto porcentual en el aumento real del salario mínimo deja un sobrecosto fiscal de $240.000 millones, que se ve reflejado en el régimen de prima media del sistema pensional colombiano.
"Para dar un ejemplo, con una inflación proyectada de 5,34% y un crecimiento de la productividad laboral de 2,2%, el aumento de referencia del salario mínimo, equivalente a 7,54%, implicaría un sobrecosto fiscal cercano a $500.000 millones solo en el régimen de prima media", señaló Anif.
Ahora, una revisión al alza del orden de 10% (cercana a la propuesta del Gobierno de 11%, que dejaría al mínimo en $1,8 millones) representaría una carga fiscal al sistema de pensiones del orden de $1,12 billones.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la EIA, explicó que la carga fiscal que asumirían el sistema pensional el próximo año se daría en razón de la indexación al salario mínimo presente en las mesadas.
"Cada incremento se traduce en mesadas más altas y en mayores reservas actuariales. Además, el seguro previsional, que cubre riesgos como invalidez y sobrevivencia, también encarece, porque los montos asegurados aumentan. Si este ajuste no viene acompañado de mejoras en productividad o formalidad, el sistema puede volverse más costoso e insostenible", dijo Restrepo.
En el mismo sentido, Germán Machado, economista de la Universidad de los Andes, detalló que 45% de las pensiones son de un salario mínimo y el resto son superiores a este (se ajusten con base a la inflación del año anterior; para 2025 el ajuste fue de 5,2%). Por ende, un aumento de 11% como lo propuso el Gobierno elevaría el costo pensional en 8%.
"Esto altera completamente el presupuesto nacional (dado que cambia el costo de las pensiones de Colpensiones) y generaría un faltante de cerca de $1 billón adicional en 2026", concluyó Machado.
Con esto se inició la fase de discusión legislativa del proyecto de ley de competencias, la cual, en caso de ser aprobada en 2026, entraría en vigencia en 2027
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