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Bruce Mac Master, presidente de la Andi
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El presidente de la Andi aseguró que las nuevas medidas buscan "quitarle dinero a los hogares" y afectarán la confianza de los inversionistas
Frente al paquete tributario que expidió el Gobierno en el marco de la emergencia económica declarada por la crisis climática, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que el Ejecutivo no está ocultando "su desespero" por obtener más recursos en la época electoral y advirtió que las nuevas medidas golpean la inversión productiva y la confianza de los inversionistas.
"El gobierno nacional no oculta su desespero por recaudar más recursos en época electoral. Además de las evidentes participaciones en políticas, que son ilegales, ahora se empeña en quitarle dinero a los hogares y gastarlos a su antojo", escribió en su cuenta de X.
El líder gremial señaló que el Decreto 240 de 2026, el cual contiene medidas tributarias que amplían el número de sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, ponen impuesto al consumo a juegos de azar por internet y otorga facultades para sanear la cartera vencida de la Dian, reproduce algunas que habían sido decretadas durante la emergencia económica declarada a finales de 2025 y que fueron suspendidas por la Corte Constitucional.
Mac Master indicó que esta norma "supone una afrenta a la democracia participativa y al principio de que no puede haber impuestos sin representación" y golpea directamente la inversión productiva, la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.
Por estas razones, hizo un llamado a la Corte Constitucional a que estudie la suspensión provisional de los Decretos 173 y 240 de 2026, debido a que el pago de estos impuestos generarán perjuicios económicos irremediables para los contribuyentes. "Una medida suspensión provisional es más beneficiosa para la democracia porque devuelve la discusión sobre los impuestos a su escenario natural: el Congreso de la República", agregó.
A su vez, pidió al Congreso para que ejerza control político y jurídico sobre los nuevos articulados, de conformidad con las facultades que le fueron otorgadas en el artículo 215 de la Constitución Política.
La decisión frenó el avance del análisis en la Sala Plena, que aún no adopta una determinación sobre la exequibilidad de las medidas
Cabe resaltar que desde 2019, la Ley 1955 estableció la obligación para las comercializadoras de cubrir al menos 8% de su demanda con energías limpias
La resolución entra en vigencia a partir de su expedición y habilita a las partes para continuar con los trámites necesarios para la firma del contrato
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