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Para funcionamiento se destinarán $253,6 billones; al pago de servicio de la deuda, $77,9 billones; y para inversión, $74,02 billones
Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate la ponencia del Presupuesto General de la Nación de 2023 por $405,6 billones.
Las comisiones conjuntas terceras y cuartas de Senado y Cámara de Representantes dieron luz verde al proyecto, luego de aprobar el articulado en dos bloques. En la primera ronda se aprobó 94% de los artículos, por lo que el trámite se dio de manera ágil.
El proyecto pasará a segundo debate en el que habrá plenarias de Senado y Cámara y en las que se discutirán 144 proposiciones adicionales que quedaron en constancia, es decir, que no se discutieron durante el debate de ayer.
Distribución del presupuesto
De los $405,6 billones que se aprobaron en primer debate para 2023, $253,6 billones irán a gastos por funcionamiento, tras la adición de $2,9 billones que solicitó el nuevo Gobierno de Gustavo Petro, es decir que este rubro tendrá un aumento de 20,1% en comparación con el presupuesto de este año.
Para el pago del servicio de deuda, la nueva administración no solicitó ninguna adición presupuestal, por lo que este rubro, por ahora, mantiene una asignación de $77,9 billones, un aumento de 8,8% frente al presupuesto designado este 2022.
Y finalmente, el Congreso dio el aval en primer debate para que el presupuesto de inversión tenga un incremento de 6,3% y no una reducción de 9,8%, como se proponía en el proyecto inicial radicado por el anterior Gobierno de Iván Duque.
El presupuesto de inversión para el próximo año será de $74,02 billones, tras la adición de $11,2 billones que pidió la nueva administración.
Distribución sectorial
Con la adición presupuestal de $14,19 billones, la ponencia aprobada en primer debate definió cómo se distribuirán estos recursos extra y los sectores que recibirían una mayor partida.
En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se adicionaron en inversión recursos por $3,01 billones, de los cuales $2,9 billones se destinarán a apoyar los proyectos de inversión nacional. Se destinará una parte a la sustitución de cultivos ilícitos y los programas de desarrollo con enfoque territorial.
El sector de agricultura y desarrollo rural tendrá una adición presupuestal de $2 billones, de los cuales $418.000 millones irán a la formalización de tierras y al desarrollo rural para comunidades indígenas y negras; $353.000 millones serán para la implementación del plan de propiedad rural; $225.000 millones se destinarán a la cofinanciación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario; $168.000 millones serán para incentivos a la capitalización rural y líneas especiales de crédito; entre otros.
El tercer sector con mayor adición fue el de minas, con $1,5 billones más para los subsidios de energía y gas para familias de estratos 1, 2 y 3. Se buscará beneficiar a 13,3 millones de hogares en el caso de energía y a 6,7 millones en el de gas.
Los sectores de educación y salud tendrán una adición similar en torno a los $1,3 billones. Mientras que al de vivienda se le sumará $1 billón más. Por el contrario, el sector defensa y policía tendrá una reducción de $800.000 millones que se destinarán a otros sectores.
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