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Si los ingresos de un jubilado son iguales o menores a un mínimo deberá pagar $70.224, es decir 8%
Uno de los cambios que trajo la reforma tributaria que fue aprobada en diciembre en el Congreso fue el del aporte a salud de los pensionados, el cual, en un principio el Gobierno quería que disminuyera de 12% (tarifa que se mantenía en 2019) para dejarla en 8% en 2020 y 4% en 2021.
En la ley quedó planteado que los pensionados que devenguen una mesada, es decir, lo correspondiente a un salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv), que a partir del presente año quedó pactado en $877.803, se les reduzca gradualmente la porción que cotizan a salud, quedando así: entre 2020 y 2021 deberán descontar 8% de su ingreso total, y a partir de 2022 4%.
Es decir, si los ingresos de un pensionado son iguales o menores a $877.803 deberá pagar $70.224 por aportes a salud, es decir 8%. Si los ingresos son iguales a $877.804 y van hasta los $1.755.606, lo correspondiente a dos mesadas, deberá pagar 10% de su ingreso mensual, que quedaría entre $87.780 y $175.560.
La última tarifa es de 12%, y esta será para aquellos pensionados que devenguen un monto superior a dos salarios mínimos, es decir, más de $1.755.607, por lo que los pensionados con ingresos iguales a superiores a este monto deberán pagar al rededor de $210.672 por aportes a la salud.
Para el miembro del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, "la reducción progresiva de aportes de los pensionados al sistema de salud es una demanda histórica de este grupo poblacional que desde la Ley 100 de 1993 fue afectado en su capacidad de consumo al imponer una carga excesiva en la cotización al sistema de salud". Además, agregó que esta reducción es una promesa que se ha frustrado en los dos Gobiernos anteriores, por lo que es un compromiso para el actual llevarlo a cabalidad.
Aunque algunos expertos esperaban que la reducción fuera más rápida, no fue posible debido a que algunos ponentes de la reforma tributaria mostraron el hueco fiscal que esto generaría. Sin embargo, como quedó establecida, la nación dejaría de percibir más de $0,5 billones por estas reducción.
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