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La construcción de vivienda en lo corrido de 2026 registra el nivel más bajo de iniciaciones de obra de los últimos dieciséis años. Al mismo tiempo, los desistimientos de vivienda de interés social (VIS) alcanzaron máximos históricos. Este fenómeno está estrechamente ligado al desmonte del programa Mi Casa Ya y a la incertidumbre generada entre miles de hogares que aspiraban a ser propietarios. El resultado ha sido una profunda pérdida de confianza entre las familias de menores ingresos.
Detrás de estas cifras hay mucho más que una desaceleración sectorial. La vivienda es uno de los grandes motores de la economía colombiana. Cuando se construye menos, se resienten industrias como el cemento, el acero, la cerámica, el vidrio, el comercio, los servicios profesionales y la banca. Se afectan miles de empleos formales.
Por ello, la política de vivienda no puede depender de los ciclos políticos ni de las prioridades de cada gobierno. Debe ser una verdadera política de Estado, con visión de largo plazo y continuidad institucional. La vivienda nueva cumple objetivos económicos, sociales y urbanos: reduce el déficit habitacional, fortalece el patrimonio de las familias, genera empleo y moviliza inversión privada en todas las regiones.
Durante décadas, los subsidios a la demanda demostraron ser instrumentos eficaces para impulsar el mercado, especialmente en vivienda social. Su debilitamiento coincidió con una fuerte caída de las ventas, evidenciando la necesidad de recuperar mecanismos que devuelvan confianza a hogares y constructores. Igualmente, se requieren tasas de interés más bajas para ampliar el acceso al crédito hipotecario.
En este contexto, resulta relevante la propuesta de Abelardo de la Espriella y de José Manuel Restrepo, orientada a reactivar la construcción de vivienda como eje de la recuperación económica y social. La iniciativa reconoce que la vivienda es mucho más que un sector productivo: es una herramienta estratégica para impulsar el crecimiento, generar empleo y mejorar la calidad de vida. Con decisión política, coordinación institucional y trabajo conjunto con las regiones, es posible construir un millón de viviendas formales durante el próximo cuatrienio.
En concordancia, es necesario restablecer instrumentos de financiación, fortalecer el Frech, recuperar subsidios nacionales, acrecentar los regionales, apoyarse en las cajas de compensación, brindar seguridad jurídica, agilizar licencias y trámites urbanísticos y facilitar la incorporación de suelos para desarrollos. También es fundamental promover la construcción sostenible; los subsidios deben priorizarse en proyectos con certificaciones en ese sentido. Son medidas indispensables para una actividad que históricamente ha impulsado el desarrollo nacional.
De acuerdo con Abelardo, Colombia necesita construir más viviendas formales, más barrios, más infraestructura y más oportunidades. Entender la vivienda como una política de Estado será determinante para recuperar el crecimiento económico, fortalecer la cohesión social y generar empleo formal. La vivienda es un buen negocio para el país y, gracias a su capacidad de generar patrimonio y valorización, también lo es para los hogares.
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