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La llegada de un nuevo gobierno siempre trae consigo nuevas prioridades y temas que se deben implementar teniendo en cuenta la corriente ideológica del que llega y el mandato que le dieron sus votantes. En el caso del presidente electo De la Espriella en este 2026, la realidad le mostrará rápidamente que son cuatro los temas que deberá abordar con prontitud: salud, energía, seguridad y finanzas públicas.
El primero en abordar debe ser justamente el que mencionamos de último, el ajuste fiscal. Esto ocurre porque la gestión de los otros termina pasando por necesidades presupuestales que se deben incluir en un gran paquete de propuestas fiscales.
¿Qué se debe hacer en materia fiscal? Diversos analistas mencionan que el ajuste necesario para poder avanzar pasa por un valor entre $30 y $80 billones. Es decir, significa que el déficit actual de 7% del PIB debería reducirse a un valor entre 5,5% y 3% del PIB. El desarrollo de este ajuste deberá incluir argumentos de sostenibilidad de la deuda y apoyo al crecimiento económico sin sacrificio de los bienes públicos esenciales. La clave será entonces cómo hacerlo.
Una de las dos formas es reducir el gasto público. Idealmente esa reducción neta (reducción bruta - aumento en sectores como salud, seguridad y energía) debería ser de al menos 2,5 puntos del PIB ($50 billones). Las formas de conseguir ese espacio incluyen medidas como el cierre del subsidio al precio del diésel, la fusión de algunos ministerios, el fin de muchas de las OPS (Órdenes de Prestación de Servicios), límites a la remuneración de las juntas directivas públicas, el uso de fondos que hoy tienen algunos ministerios y la focalización de los subsidios a los servicios públicos, entre otras.
Esto tendría un efecto virtuoso. No sería solamente el impacto directo sobre las finanzas públicas de la reducción, sino, por un lado, la caída de la prima de riesgo país que disminuye el costo del fondeo y extiende el recorte de gasto y, por el otro, el efecto positivo sobre el crecimiento económico que le atribuyen hallazgos de la literatura (Alesina, Favero y Giavazzi, 2019) a los ajustes fiscales que vienen mayoritariamente vía gasto.
Pero ese recorte no es suficiente. Se necesita un aumento por el lado de los ingresos tributarios en al menos 1% del PIB ($20 billones). Este es un punto complejo porque cargar más a los asalariados y a las empresas va justo contra el crecimiento de la actividad privada. Por ello, debemos volver a llevar la discusión impositiva hacia el IVA, donde hay un potencial de hasta 2,5% del PIB. En este caso, si bien hay elementos evidentes (gravar los juegos de azar virtuales) también debe avanzarse en la generalización de gran parte de los bienes y servicios a la tarifa del 19%. Esto se puede compensar a través de la devolución a los hogares de bajos ingresos con tecnologías que hoy ya existen en el sector financiero (esto debería aplicarse incluso si no se da la generalización como elemento de mayor equidad).
La tarea es compleja. La buena noticia es que al ministerio llegan funcionarios con capacidad probada en materia técnica y política. Ellos deberán tener en cuenta que la secuencialidad es importante. Primero debe hacerse la reducción de gasto para luego tener la viabilidad política y ante la población de gravar más a las personas y a las empresas. No hay duda, para lograr el milagro, lo primero por hacer es el ajuste fiscal.
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