¿Qué progresos muestra el índice de competitividad en Colombia?

Con la colaboración de Ekaterina Cuéllar y Nelson Vera

Tras un mes de llegada de la Administración Duque,
aún no luce nada claro el curso que estarán tomando
las esperadas reformas estructurales tributaria,
laboral y pensional. Resulta preocupante el fraccionamiento
político consecuencia de unas mayorías
de la “alianza nacional” que creíamos tendría entre
el 70%-80% de los votos en las respectivas cámaras
alta-baja del Congreso.
Esto como resultado de: i) un acertado nombramiento
tecnocrático en el grueso del gabinete de Duque, lo
cual anuncia que no habrá la consabida “mermelada”,
en línea con la promesa de su campaña anticorrupción;
y ii) las declaratorias de partidos “independientes” del
gobierno (en el caso de la U y de Cambio Radical).
Apuntalar la mayor competitividad de la economía colombiana
exige redoblar esfuerzos en los frentes de
ejecución de las concesiones 4G y de los cierres financieros
pendientes. También deberán solucionarse los
temas de costos salariales y sobrecostos energéticos,
entre otros. Solo de esta manera resultará posible recuperar
la baja tasa de inversión que ahora se tiene
(a niveles del 21% del PIB) y acelerar el potencial de
crecimiento (ver Comentario Económico del Día 10 de
septiembre de 2018).
En esta nota actualizaremos los diferentes componentes
de nuestro Índice de Competitividad (IC, lanzado
en 2015), lo cual nos permitirá tener una mejor
perspectiva de las posibilidades de diversificar nuestra
base productiva y corregir nuestros abultados déficits
gemelos (en lo externo y fiscal).
Índice de Competitividad de Colombia
Dicho IC mide la productividad-competitividad empresarial
en las áreas de: i) tasa de cambio real frente a
Septiembre 17 de 2018 No. 1429
Con la colaboración de
Ekaterina Cuéllar y Nelson Vera
nuestros 22 principales socios comerciales; ii) sobrecostos
en insumos empresariales, destacándose los
laborales, de energía y de transporte; iii) calidad del
capital humano-educación; iv) carga tributaria empresarial;
y v) aspectos institucionales sobre “facilidad
para hacer negocios”.
El IC se compone de ocho indicadores en los frentes
mencionados, los cuales reciben una calificación de
“bueno” (3), “regular” (2) o “malo” (1). En la mayoría
de indicadores, la calificación obedece a ordenamientos
basados en el rango del promedio regional
(países de América Latina o la Alianza del Pacífico)
+/- una cuarta parte de la desviación estándar (DE)
de la serie, ver cuadro 1. Dichos puntajes son agregados
con ponderaciones uniformes, siendo después
normalizados a un índice con valores en el rango 1
(mínimo nivel de competitividad) a 5 (máximo nivel de
competitividad). Veamos los componentes del IC con
algún detalle.
Tasa de cambio real
Anif había expresado su preocupación por el desalineamiento
cambiario producido por la prolongada
Enfermedad Holandesa durante 2005-2012, acumulando
desviaciones del 15%-20% respecto de sus
niveles de Paridad de Poder Adquisitivo. Ello se reflejó
en la tendencia registrada por el Índice de Tasa
de Cambio Real (ITCR), mostrando apreciaciones
acumuladas cercanas al 20% durante 2000-2012,
llegando a sus valores mínimos de 97 a finales de
ese período.
Durante 2014-2016, dicha tendencia se reversó producto
de: i) los abultados desbalances externos, llegando
a picos cercanos al 6.5% del PIB por cuenta
del fin del auge minero-energético; y ii) el inicio del ciclo alcista en las tasas del Fed. Ello implicó pasar de
apreciaciones (nominales) del 3% durante 2010-2012
hacia devaluaciones del 7% en 2014 e incluso del
37% en 2015, moderándose ligeramente hacia el
11% en 2016. Todo ello implicó devaluaciones acumuladas
del orden del 40% en el ITCR a mediados
de 2016.
El período 2017-2018 ha sido nuevamente de apreciación
real, perdiendo dicho ITCR cerca de 20 puntos
en su valor acumulado. Allí han pesado las sorpresivas
apreciaciones nominales a ritmos cercanos
al 2% en promedio, provenientes de la complacencia
de los capitales offshore, todo ello apuntalado por
soportes del rebote en los precios del petróleo hacia
niveles del orden de US$72/barril-Brent en 2018
(+39% anual).
Toda esta tendencia la hemos capturado mediante
calificaciones basadas en las desviaciones de su promedio
histórico (en este caso), con rangos de +/- una
cuarta parte de la DE. Así, el ITCR recibió una calificación
de “bueno” (3) durante 2000-2005, empeorándose
a “malo” (1) en 2010, producto de la Enfermedad
Holandesa. Pero, durante 2014-2016, dicho indicador
retornó a “bueno” (3), consistente con la corrección
cambiaria (ya discutida), ver cuadro 2. Nótese cómo la
apreciación de 2017-2018 no ha sido suficiente para
deteriorar dicho valor de “bueno” (3) en la calificación
cambiaria de 2018.
Salario mínimo y sobrecostos no salariales
Históricamente, Colombia se ha caracterizado por niveles
de salario mínimo elevados al compararse con sus pares de la región, particularmente con aquellos
de la Alianza del Pacífico. En ello han incidido los aumentos
del SML a tasas del 1.2% real por año durante
la última década, superando el 0.9% real sugerido por
la aplicación de la llamada “fórmula universal” (donde
la variación real del SML debe equipararse a la
Productividad Laboral).
Dichas diferencias fueron particularmente marcadas
en el año 2010 (registrando Colombia niveles de
US$271 en el SML mensual vs. un promedio regional
de US$232). Más recientemente, Colombia (con niveles
de SML de US$270 en 2018) se ha acercado al
promedio regional (US$284), dado: i) la reciente apreciación
aún no borra los efectos de las devaluaciones
de 2014-2016; y ii) la aceptable
aplicación de la fórmula universal por parte
de la saliente Administración Santos, con
desviaciones promedio de 0.4pp/año durante
la última década.
Esto se traduce en calificaciones en dicho
subíndice salarial de “malo” (1) durante 2010,
con rebotes hacia “regular” (2) en 2015-2018
(considerando “ruidos” cambiarios).
Colombia también se ha caracterizado por
elevados sobrecostos laborales, incluso con
tendencias crecientes hasta 2013, llegando a
valores máximos cercanos al 60% del salario.
Posteriormente, la Ley 1607 de 2012 logró
algunos avances al reducir dichas cargas
en 13.5pp (= 3% ICBF + 2% Sena + 8.5% salud),
con lo cual los sobrecostos no salariales
descendieron hacia niveles del 50% del salario.
Sin embargo, ello aún luce elevado frente
al 28% de la Alianza del Pacífico, donde Chile
incluso bordea niveles de solo el 12%.
Aquí hemos diseñado rangos de calificación
de la siguiente manera: i) “bueno” (3) si
los sobrecostos laborales son inferiores al
30%; ii) “regular” (2) si dichos sobrecostos se
ubican en el rango 30%-50%, tal como ha pasado
en los últimos años con las reducciones
ordenadas por la Ley 1607 de 2012 (ya comentadas);
y iii) “malo” (1) si son superiores al 50%, como ocurría
durante 2000-2010.
Costo de la energía eléctrica
La Administración Santos-I (2010-2014) corrigió parcialmente
el lastre de los sobrecostos eléctricos, eliminando
la sobretasa del 20% a los usuarios industriales
(Ley 1430 de 2010 y PIPE-I). Si bien ello fue suficiente
para ubicar a la industria colombiana por debajo de los
costos eléctricos promedio de la región en 2015-2018
(9₵/Kwh vs. 10₵/Kwh en América Latina), todavía nossituamos por encima de competidores directos como
Perú (6₵/Kwh).
En este caso, la dinámica de los costos de la energía
eléctrica la hemos catalogado usando el promedio de
América Latina +/- un cuarto de la DE. Así, la evolución
en la tarifa de los costos eléctricos para la industria
en Colombia es consistente con una calificación
de “malo” (1) durante 2005-2010, con mejoras hacia
la calificación de “regular” (2) en 2015-2018, gracias a
las reducciones mencionadas.
En todo este frente energético será clave dilucidar los
efectos prospectivos a mediano plazo que tendrá el retraso
de la entrada en funcionamiento de Hidroituango
(en cerca de 3 años, según estimaciones recientes de
EPM). Ello no podrá aclararse hasta no tener certeza
sobre la viabilidad del proyecto (solo evidente una vez
se “des-inunde” el cuarto de máquinas).
Carga tributaria empresarial
En los últimos años se han logrado importantes avances
en materia de tributación empresarial. En particular,
la Ley 1819 de 2016 logró aprobar elementos importantes
de carácter estructural (incluyendo algunas de las
recomendaciones de la OCDE, 2015), a pesar de que
la propuesta original fue significativamente mermada
en su objetivo de recaudo neto adicional. En efecto, la
tasa de tributación de las firmas se redujo del 40% hacia
el 33% (en el horizonte 2017-2019), al tiempo que
se elevó de forma inmediata la tasa general del IVA del
16% al 19% y se incrementó (aunque moderadamente)
la tasa efectiva de los hogares más pudientes (ver
Informe Semanal No. 1419 de julio de 2018). Ello vino a
aliviar los excesos de tarifas empresariales tan elevadas
como del 51% durante Santos I, producto del error de
aplicar el Impuesto al Patrimonio (redenominado como
a la “Riqueza” a los activos productivos de las firmas).
Para efectos de nuestro Índice, esto se traduce en:
i) desempeño “malo” (1) si la tasa de tributación efectiva
resulta superior al 35%, como ocurrió en Colombia
en el año 2000; ii) “regular” (2) si la tasa se ubica entre
Pág. 4
Con la colaboración de
Alejandro Vera y Andrea Ríos
un 30% y un 35%, tal como ocurrió en 2005 al usar
las gabelas tributarias de la “confianza inversionista”;
y iii) “bueno” (3) si la tasa efectiva resulta inferior al
30%. En el caso de Colombia, dicha calificación retornó
hacia “malo” (1) durante 2010-2015 por cuenta de
las desatinadas reformas tributarias (el Imporriqueza
empresarial ya comentado). El cronograma descendente
de la Ley 1819 lo estaría retornando hacia niveles
de “regular” (2) en 2018-2019. Nótese cómo las
propuestas de la Administración Duque de reducir el
Imporrenta empresarial a niveles del 25%-30% llevarían
dicha calificación al rango de “bueno” (3). Sin embargo,
dichas pérdidas de recaudo deberían compensarse
con mayor tributación vía impuestos indirectos y
a los hogares (lo cual infortunadamente parece estarse
diluyendo en la actual discusión política).
Educación
Este rubro de educación incorpora aspectos tanto de
cobertura (neta en secundaria) como de calidad (puntaje
pruebas Pisa), ponderados equitativamente (50%)
y comparados con el referente de Chile. Así, la calificación
está referida al promedio obtenido por Chile
+/- 5 puntos.
En el frente de cobertura, Colombia logró avances significativos
durante 2000-2010 (pasando del 60% al
70%), pero estancamientos en dichos niveles durante el
último quinquenio. Ello se compara pobremente con el
85% que registra Chile actualmente. En materia de calidad,
Colombia ha registrado mediocres puntajes de 67
durante 2010-2015 (pruebas Pisa, normalizados a una
escala de 100), por debajo del 75 observado en Chile.
Estos indicadores (cobertura-calidad) se sintetizaron
en un índice promedio (simple), el cual evidencia persistentes
calificaciones de “malo” (1) al situarse siempre
más de 5 puntos por debajo de Chile.
Costo de fletes
Colombia ha mostrado niveles elevados en sus costos
de transporte durante los últimos cincuenta años.

Ello se refleja en altos fletes de transporte (promedio
exportación-importación), superando los registros regionales.
En efecto, durante 2000-2016, el costo total
promedio por contenedor en Colombia se mantuvo
alrededor de los US$1.700-US$1.800, muy superior a
los registros de la Alianza del Pacífico (US$1.100). En
este caso, el comportamiento del Índice es recogido
basándonos en el promedio de la Alianza del Pacífico
+/- un cuarto de su DE. Con esto, la calificación de
Colombia en materia de fletes de transporte se sitúa
permanentemente en “malo” (1).
Facilidad para hacer negocios
En este frente se incorporan elementos de facilidad
en la creación de empresas y el cumplimiento
de contratos, apalancados en los rankings del Doing
Business del Banco Mundial. Dichos rankings son
agregados en un promedio simple, resultando en un
indicador consolidado de “negocios”. Teniendo en
cuenta este indicador, se asignan calificaciones con
base en el valor promedio para los países de América
Latina +/- un cuarto de su DE. En materia de creación
de empresas, Colombia ha registrado posiciones en
el rango 74-96 durante 2005-2018, siendo estas favorables
respecto del promedio regional de 96-118.
Por el contrario, en la arista de trámites legalescumplimiento
de contratos, Colombia ocupa posiciones
menos competitivas en el rango 141-180 frente al
promedio regional de 90-113.
Al consolidar dichos resultados, el indicador de facilidad
para hacer negocios muestra posiciones desfavorables
frente al promedio de América Latina, donde
prevalece el efecto negativo de los trámites legalescumplimiento
de contratos. Allí resulta preocupante
la tendencia creciente de la brecha ColombiaAmérica
Latina, la cual se ha expandido de unos 11
a 32 puestos durante 2005-2018. Ello implica que la
calificación de Colombia en este frente de facilidad
para hacer negocios se ha mantenido en “malo” (1)
durante todo el horizonte de análisis.
Resultados agregados (a manera de conclusión)
Al agregar todos estos resultados, se observa que
Colombia ha estado “rajada” en materia de competitividad
durante prácticamente las últimas dos décadas,
pues el IC nunca sobrepasa puntajes de 3 sobre 5.
Sin embargo, se evidencian algunas mejoras recientes,
repuntando dicho IC hacia valores de 2.9 en 2018
(vs. 2.7 observado en 2015). Ello obedece al cronograma
de reducciones de la carga impositiva sobre las
firmas resultante de la Ley 1819 de 2016, alcanzando
eventualmente un 33% en 2019.
Al margen de dicho repunte del IC, el análisis por componentes
muestra lastres permanentes en los frentes
de: i) educación, donde los incrementos recientes en
cobertura no han estado acompañados por mejoras
en calidad; ii) facilidad para hacer negocios, reflejando
la actual parálisis institucional de la justicia colombiana;
y iii) los elevados costos de transporte, donde, al
margen de las mejoras institucionales de las 4G, su
ritmo de ejecución ha estado muy por debajo de lo
esperado (entre otras razones por los problemas de
corrupción-Odebrecht, ajenos a dichas 4G, pero contaminando
los cierres financieros de los proyectos).
Todo lo anterior reitera la urgencia de que la
Administración Duque actúe prontamente en materia
de reformas transversales: i) acelerar el paso en
el frente de inversión en infraestructura y logística,
para reducir los sobrecostos de transporte, trabajando
sobre lo avanzado en Santos I-II; y ii) profundizar
las reformas en el frente de flexibilización laboral
(ver http://anif.co/sites/default/files/investigaciones/
anif-reflaboral0818.pdf).
Finalmente, en el frente tributario, el presidente
Duque deberá equilibrar su intención de profundizar
la reducción del Imporrenta corporativo con las
necesidades de incrementar el recaudo en al menos
un 2% del PIB (ver http://anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-reftributaria0618.pdf).