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Ello dio lugar al Convenio 024 de 2012, acordándose alianzas estratégicas entre el gremio bancario y el MEN, focalizada en el fortalecimiento de la educación financiera a nivel de primaria y secundaria (ver Asobancaria, 2014).
¿Cuál ha sido el impacto de estas medidas regulatorias hasta el momento? A nivel internacional, Lusardi y Mitchell (2014) concluyen que la evaluación de políticas de educación financiera es compleja, pues sus efectos son difíciles de aislar. Ello requiere: i) identificar la vía por la cual se ha adquirido el conocimiento en temas financieros (programas educativos o por experiencias propias); ii) descontar el efecto de bajo impacto a largo plazo, cuando las personas no tienen conocimientos financieros básicos (i.e. entender el interés compuesto, la inflación o la diversificación de riesgo); y iii) determinar la calidad de la educación financiera en función de los materiales y de los docentes.
En Colombia, estudios recientes evidencian rezagos en materia de alfabetismo financiero. Por ejemplo, la Encuesta sobre Capacidades financieras del Banco de la República y del Banco Mundial (2013) indica que solo 37% de los adultos colombianos realiza planeación financiera. Esta cifra contrasta negativamente frente a 40% o 50% observado en México o Uruguay, lo que indica que la bancarización de calidad continúa representando grandes retos para Colombia.
De hecho, durante el pasado mes de julio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Ocde hizo públicos los resultados de las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes,Pisa, que evaluaron el conocimiento financiero de jóvenes de 15 años en 18 países.
Colombia registró el último lugar, con puntaje promedio de 379/625; implicando que su nivel de alfabetización financiera es el más bajo entre los cinco posibles. Ello quiere decir que, en promedio, nuestros jóvenes de 15 años tan solo se limitan a identificar productos y términos financieros básicos, aplicando de forma limitada esos conceptos a la solución de problemas del día-a-día. De esta manera, ellos son incapaces de enfrentar retos básicos financieros, como tomar decisiones en materia de endeudamiento, pagos de impuestos o esquemas de ahorro pensional (ver PISA, 2014).
Buscando contrarrestar esta situación, el Ministerio de Hacienda creó el pasado mes de marzo la Comisión Intersectorial de Educación Financiera como instancia de coordinación de la política de inclusión financiera en Colombia.
Adicionalmente, el convenio entre la Asobancaria y el MEN ha producido un documento instructivo sobre enseñanza del conocimiento económico y financiero. A su vez, Fogafín y la Superintendencia Financiera (SF) vienen trabajando en herramientas de simulación financiera, disponibles en sus páginas web.
Todas estas medidas van en la dirección correcta y coinciden con lo observado a nivel internacional, donde los marcos regulatorios pos-Lehman intentan reforzar la protección al consumidor financiero.
Particularmente, la Ley Dodd-Frank se ha enfocado en buscar mecanismos de “formación y aprendizaje financiero” y dar información más centralizada a los consumidores. Sin embargo, su implementación aún es precaria.
Es síntesis, en Colombia bajo la Ley 1328 de 2009 y Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) se han venido implementando medidas, desde el sector público y privado, para mejorar los bajos niveles de alfabetismo financiero que exhibe la población colombiana. Estos esfuerzos van en línea con la corriente internacional pos-crisis de Lehman. Una evaluación más profunda sobre alfabetización financiera requiere tener en cuenta los puntos abordados por Lusardi y Mitchell (2014), sobre las complejidades de dichos avances.
A futuro, es importante continuar construyendo una política de educación financiera más eficiente y pragmática. Por ejemplo, deben crearse unidades de consulta financiera pública por parte de las entidades de supervisión, reforzando lo que ya vienen haciendo Fogafín y la Superintendenica Financiera, de tal manera que se conviertan en puntos de apoyo para la planeación financiera y no simplemente en unidades de quejas del consumidor financiero.