Analistas

Burocracia estatal y eficiencia presupuestal en Colombia

Recién pasada la celebración de sus 50 años, cabe aplaudir las tareas que ha venido realizando el DNP para focalizarse en tareas territoriales y de “coordinador del Estado”.

Anif ha venido señalando que el papel del DNP hacia el futuro debería concentrarse en: i) su gestión-planeación de las entidades territoriales (descentralización); ii) lucha contra la pobreza; y iii) el rol de “coordinador de la regulación Estatal”. En el fondo, todas estas funciones están correlacionadas con el objetivo de volver más eficiente al Estado colombiano.

En línea con este objetivo, la Comisión de Gasto Público, por mandato de la Ley 1819 de 2016, también deberá abordar temas como: i) reducciones en la burocracia Estatal; ii) repensar el papel y forma de operar de los organismos de control (Procuraduría y Contraloría); y iii) superación del problema de las nóminas paralelas al interior del Estado.

Seguramente, dicha Comisión encontrará que en el frente burocrático es poco lo que se puede hacer. Recordemos que el tamaño del Estado colombiano es relativamente pequeño: figuran como empleados públicos tan solo 1 millón del total de 22 millones de trabajadores ocupados (4% del total). Esta cifra es baja si se compara con las participaciones de empleados oficiales que se encuentran en Chile (16%) y resultan similares a las del Perú o México (también con 4%).

En lo referente a los organismos de control en cabeza de la Contraloría y Procuraduría, por el contrario, existe un amplio espacio para recortar burocracia y volver más eficientes sus operaciones. A este respecto cabe recordar que la Comisión de Racionalización del Gasto Público (1995-1997) recomendó adoptar esquemas de “Tribunales de Cuentas”, como los que han permitido en España realizar auditorías serias y de bajo costo. Infortunadamente, durante los últimos 25 años ha podido más el interés burocrático-político que la voluntad de volver más eficiente al Estado colombiano.

En este frente la idea es sencilla y practica: se conformarían tribunales de expertos financieros, contables y economistas bajo el esquema de consultores externos temporales (tipo McKinsey o Kpmg). Estos estudiarían expeditamente las cuentas de entidades públicas, gobernaciones, municipios y darían sus dictámenes al Contralor. Así, la Contraloría se reduciría de sus actuales 6.000 empleados a no más de 500 y este cuerpo élite, bajo la dirección del Contralor, se apoyaría en los reportes de esos tribunales de cuentas para realizar las recomendaciones jurídicas ante la Fiscalía y el Congreso de la Nación. A pesar de que se habla de eficiencia, en los últimos cinco años la nómina de la Contraloría ha continuado expandiéndose de 4.000 a los actuales 6.000; no muy diferente de 6.500 que se llegaron a tener tres décadas atrás.

En el caso de la Procuraduría, Anif ha tenido de tiempo atrás la opinión que este organismo (independientemente de su actual buena gobernanza) debe clausurarse o al menos reducir su tamaño, delegando parte de sus funciones en el fortalecimiento del DNP y del escrutinio de los “tribunales de cuentas” (antes comentados) y del accionar de la Fiscalía. Esto permitiría rebajar la nómina Estatal en cerca de otros 4.000 funcionarios públicos, al reducir una entidad cuya razón de ser es “única en el mundo”.

Las “nóminas paralelas” se estiman actualmente en cerca de 40.000 contratistas del Estado, cuyo control y eficiencia se ha puesto permanentemente en duda. En muchas ocasiones estos contratistas duplican funciones de personas que están en nómina, pero donde se sabe que quienes realmente trabajan son los contratistas a destajo, pero estos lo hacen sin foco adecuado y carentes de verdadero compromiso institucional.

Por último, está la problemática de la eficiencia presupuestal. Recordemos que, desde 1989, se “instituyó” en Colombia el renombrado “Banco de Proyectos de Inversión Nacional” (Bpin) con apoyo de varias multilaterales y gerenciado desde el DNP. Después vendría, en los años noventa, la idea del “Presupuesto por Objetivos” (recomendado por la Comisión de Gasto) y el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia). Como todo cambia, para que no mucho cambie en materia de eficiencia presupuestal, más tarde se añadiría el “Sistema de Información Geográfica para la Planeación-Ordenamiento Territorial-Nacional” (Sigot) y, más recientemente, la Urna de Cristal. Pese a todas estas iniciativas, los resultados en materia de eficiencia presupuestal, en función de objetivos, siguen siendo muy pobres. Por ejemplo, la operación del Sistema General de Regalías (SGR) tiene serios problemas de ineficiencia-complejidad. Allí los grandes desembolsos de recursos no han estado articulados bajo grandes proyectos regionales que aumenten la competitividad; de hecho, son numerosos los casos en que la atomización del gasto busca segundas intenciones políticas (“mermelada”).

Ahora bien, este es un tema complejo a nivel global. En EE.UU. han surgido proyectos que intentan “medir” la eficiencia Estatal, asemejándolos a criterios de empresa privada. De hecho, existen instrumentos de medición económica a través de “precios sombra” que permitirían focalizar el accionar del Estado, pero en ausencia de voluntad política ninguno de estos instrumentos logrará los frutos.