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El camino al infierno este pavimentado de buenas intenciones. Así sucede con la “Ley de borrón y cuenta nueva”, que pensada como mecanismo para reactivar la economía y ayudarle a las familias más pobres, hará exactamente lo contrario. La ley tumbará el consumo de los hogares, en especial aquellos de menores ingresos.
Esta ley, que acaba de ser aprobada por el Congreso de la República, les permitirá a los ciudadanos dejar de tener un reporte negativo en las centrales de riesgo (Datacrédito y Cifin), siempre y cuando paguen sus obligaciones en las que estaban morosos.
Parece una maravillosa noticia; una segunda oportunidad para los colombianos que se pongan al día. Pero no es así. La ley esconde un veneno que terminará afectando a las mismas personas que se supone pretende ayudar.
Las centrales de riesgo contienen información de las personas con productos financieros o relaciones comerciales, no solo con bancos sino también con compañías del sector real como telefonía móvil o almacenes de cadena. Registran datos históricos como el comportamiento de pago de las personas, nivel de ingresos y actividad económica, entre otros. Todos estos datos arrojan una calificación que permite estimar la probabilidad de pago o impago de un ciudadano que adquiere una obligación financiera. Esta probabilidad mide el riesgo que asume un banco cuando presta dinero a una persona.
Si una parte de esta información se pierde, como en efecto sucederá con la ley en mención, un banco no podrá reconocer entre los ciudadanos que han cumplido históricamente con sus obligaciones financieras y aquellos que han incumplido durante años pero que solo ahora se pondrán al día. En Colombia, tan solo 10% de los ciudadanos reportados hace parte del segundo grupo; el restante 90% ha cumplido a tiempo con el pago de sus deudas.
Al no poder reconocer el riesgo entre diferentes tipos de clientes, los bancos, a quienes no les gusta perder dinero, no tendrán más remedio que cubrirse del mayor riesgo, aumentando tasas de interés y reduciendo los montos de los créditos. También comenzarán a pedir más requisitos como seguros, certificados de nómina, o garantías reales (apartamentos, lotes), los cuales no hacen parte del repertorio de gran parte de las familias colombianas. Esto llevará a una reducción y encarecimiento del crédito, fundamentalmente para las personas de menores ingresos, quienes sin más remedio terminarán acudiendo a los agiotistas.
Lo anterior ha sido demostrado empíricamente por diversos estudios, uno de ellos en Chile, donde una ley similar llevó a un aumento en tasas de interés y reducción en el crédito para personas de menores ingresos. En Colombia, los promotores de la ley argumentan, basados en conjeturas y anécdotas y desconociendo toda la evidencia sobre la materia, que ahora los bancos darán mayor acceso a crédito a millones de familias colombianas.
Lo mínimo que espera la ciudadanía es un debate económico honesto y basado en estudios serios acerca de las leyes que se discuten en el Congreso. La Ocde le recomendó a Colombia evaluar el impacto económico de las leyes previo a su expedición, tal y como lo hacen hoy día 30 de sus 37 países miembros. Claramente aún no se ha cumplido con esta recomendación y el debate económico continúa preso de la ligereza analítica y el populismo.
