Que otro pague

“El Estado nunca se va a quebrar”, “la clave es entrar a la carrera administrativa y listo”, “cásese bien con un político”. Todas estas son frases que durante años he escuchado.

Se asume al Estado como el encargado de todo, el que tiene que garantizar bienestar, trabajo, pensiones e “igualdad”. Ahora vemos lamentos en redes sociales por los despidos en algunos medios, esos a los que ya pocos se suscriben y prefieren informarse en 140 caracteres. También veo imágenes de la tragedia amazónica y todos le caen encima a Bolsonaro, como si el Estado fuera el único responsable. Han impedido la inversión de empresas que tienen sello responsable, pero se niegan a impedir la quema indiscriminada de poblaciones que se desplazan para tratar de empezar de nuevo. Seamos coherentes, lo mismo ocurre con la minería en Colombia. Las Consultas impiden que la minería sea regulada y con estándares internacionales, pero no la minería de pequeños delincuentes.

Hay una paradoja más grave: exigen del Estado más y más cosas, pero reaccionan agresivamente cuando se trata de subir impuestos. Se asume que la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, la movilidad, el trabajo, entre otros, son derechos y por lo tanto el Estado tiene que mirar qué hace para garantizarlos. No se trata de unos mínimos, no, se trata de lo mejor que pueda y si no vendrán las tutelas para lograr tratamientos en el exterior, trabajo mejor remunerado y demás.

Pero ¿Quién paga? A los empresarios se les hace una reducción en el impuesto de renta, pero el salario mínimo sube casi dos veces el IPC y se anuncia una prima adicional; a los trabajadores que más ganan les aumenta la retención, el IVA bordea 20%, el 1x1.000 sigue siendo el 4x1.000 y así.

Lo triste es que la informalidad es cercana a 50%. Es decir, personas que están ocupadas, pero que no realizan ningún aporte al sistema de seguridad social, entre otros aportes que corresponden. Reciben y reciben del Estado, pero quieren mantenerse en la informalidad. Pocos se atreven a denunciarlo por temor a represalias o por evitar romper un discurso de “equidad” que puede llevar la economía a un abismo.

Lo peor es que los más ricos son los beneficiados del sistema. Sus altas pensiones son, en últimas, subsidiadas, las grandes empresas son las menos afectadas con el incremento al salario mínimo que le pega más duro a las Pyme, el exceso de regulación evita que lleguen nuevos entrantes al mercado y consolida los oligopolios. En últimas, hay un ecosistema contrario a la innovación y al emprendimiento, promotor del oligopolio y la pobreza. La “clase media” es la que paga los platos rotos, pues no está en la pobreza y eso la excluye de “programas sociales”, pero tampoco es rica y entonces no puede pagar los mejores servicios.

Esto quizá explica que las familias hoy quieran que sus hijos estudien para ingresar a la burocracia del Estado, ese que “no se quiebra”. Quieren pasarse a Colpensiones para tener una pensión más alta, sin importar quiénes terminan pagando. Buscan estar cerca de un político para “protegerse”, para que les hagan algún favor, para que les “ubiquen a su muchacho”.

No hay que juzgar, pero sí tenemos que buscar la manera de que eso cambie.