Tributos para educar

En materia tributaria, para avanzar hacia más y mejor democracia, es menester pasar de una cultura de pasivos pagadores de impuestos a una cultura de activos contribuyentes.

La premisa “no hay impuestos sin representación” sentó los fundamentos a la democracia representativa.

Una democracia participativa necesita predicar que “ todo tributo implica participación”.

Colombia necesita seguir consolidando su democracia representativa y para ello requiere una transparente y legítima forma de recaudar impuestos y una transparente gestión de los recursos públicos.

Al mismo tiempo, Colombia necesita seguir avanzando en alianzas público-privadas-comunitarias que consoliden su democracia participativa, con fórmulas y políticas públicas que promuevan la participación activa de los contribuyentes en temas de interés común.

Enhorabuena el país viene afinando a lo largo de la última década un instrumento de política social que permite, a grandes contribuyentes en renta, participar activamente, con hasta con 50% de sus responsabilidades tributarias, en la financiación y gestión de proyectos y obras que benefician a las comunidades ubicadas en zonas más afectadas por el conflicto; se trata de Obras por Impuestos.

Con los conocimientos acumulados y los ajustes que sean necesarios, es menester escalar el instrumento de Obras Impuestos con tres finalidades:

1) ampliar el universo de contribuyentes que puedan participar de estas innovadoras figuras tributarias; que no solo sea para grandes contribuyentes, si no que también puedan ejercerlo medianos contribuyentes, en calidad de personas naturales o jurídica.

2) Ampliar el perfil de proyectos ( ir más allá de dotaciones, obras de infraestructura) para visualizar instrumentos que permitan robustecer otras políticas sociales como por ejemplo, y especialmente, el aumento en cobertura de educación técnica, tecnológica y universitaria y

3) Ampliar la cobertura geográfica de zonas para beneficiarse con estas figuras; ir más allá de las zonas más afectadas por el conflicto.

Dicho lo anterior, en tiempos de reformas educativas y tributarias, sería de gran relevancia construir un acuerdo nacional que permita a medianos y pequeños contribuyentes, también a los grandes, ejercer su derecho a solidarizarse y participar en la gestión de ese bien común que es la educación, destinando un porcentaje significativo de sus obligaciones tributarias, a financiar matricula y condiciones de estadía a jóvenes de escasos recursos, que anhelen acceder a programas de educación técnica, tecnológica y profesional, ofrecidas por instituciones de educación superior.

Una política de este estilo, algo así como “tributos para educar” inauguraría una alianza privada-pública-comunitaria, en la que las Instituciones de educación superior serían garantes para que esos recursos tributarios, canalizados por activos contribuyentes de renta y/o otros rubros tributarios, redunden en beneficio de una población juvenil, que en reciprocidad con las oportunidades que este modelo les pueda significar, en etapas terminales de sus carreras, desarrollen prácticas profesionales en diversas regiones de la Colombia profunda. Sería otra forma de seguir optando por Colombia.