La Ocde sobre Colombia

En el estudio de panorama económico de la Ocde sobre Colombia hay varias cosas que resaltan. Primero nos dice que la deuda pública permanecerá en niveles en torno a 59% del PIB durante los próximos 10 años, 8,5 pps por encima de los niveles prepandemia, lo cual reducirá el margen fiscal del gobierno, y que se espera que el déficit fiscal promedie en torno a 2,7 en el mediano plazo.

Mi reflexión es que nos es un mal lugar para estar toda vez que la deuda promedio de nuestros pares en ese organismo está muy por encima de ese nivel y tampoco tendríamos por qué apuntar a déficits menores a 2%, que son perfectamente sostenibles. Lo que sí es verdad es que lo que pagan de interés nuestros pares es mucho menor y de ahí nuestro problema fiscal. No nos ayuda tampoco haber perdido el grado de inversión.

Continúan afirmando que los ingresos fiscales de tan solo 20% del PIB son bajos, incluso en el contexto regional y resultan insuficientes para financiar las demandas sociales y la inversión pública. Y es verdad, pueden ser bajos, pero la manía nuestra de tener reformas tributarias cada dos años ha agotado la paciencia del público y los contribuyentes.

Además, se ha tornado cada vez más difícil el ambiente para ellas en el Congreso, por lo que asumo que el próximo gobierno podrá presentar una al principio de su mandato, y que esta no superaría un ingreso adicional de 2% del PIB. Señalan eso sí, correctamente, que el sistema fiscal contribuye poco a reducir las elevadas desigualdades de ingresos, con un impuesto de renta a las personas que desempeña un papel menor, ya que solo 5% de los colombianos pagan este impuesto, y una fuerte dependencia del impuesto de renta a las empresas, que resulta ser 2,5 veces mayores al promedio Ocde.

Continúan poniendo el dedo en la llaga cuando afirman que el gasto en protección social se sitúa en torno a 8% del PIB, pero 60% de este gasto se destina a las pensiones, mientras que menos de 3% se dirige a los programas de asistencia social que ayudan a los más desfavorecidos. A renglón seguido relatan que cerca de la mitad de la población mayor de 65 años no recibe ningún tipo de pensión, a lo que suma que las pensiones contributivas sean regresivas, existan distintos regímenes que proporcionan diferentes prestaciones para una misma trayectoria profesional, y que la cobertura del sistema sea baja en el caso de las mujeres. Ojalá esto último no lo repitan hasta el cansancio.

Empiezo a encontrar distorsiones en el informe cuando habla de los vacíos en protección social, afirmando que solo cerca de 15% de la población vulnerable está cubierta por trasferencias monetarias. Aquí hay algo que no cuadra con los 3 millones de hogares (aprox. 8 millones de colombianos que aumentaron a partir de este año) que venían recibiendo, hasta el año pasado, subsidio por parte del programa Ingreso Solidario. Pensaría entonces que estamos hablando de mucho más que 15%.

La parte más interesante es al final del diagnóstico, donde enfatizan que el crecimiento de nuestra productividad se sitúa por detrás de pares regionales y la competitividad continúa siendo débil, y que, además, la carga regulatoria y las barreras administrativas restringen la competencia. Esto es el corazón del argumento de crecimiento que hace posible la sostenibilidad fiscal y la generación de empleo. Para lograr ese crecimiento sostenible por encima de 4% necesitamos urgentemente crecer nuestra productividad y competitividad. Aquí está nuestro verdadero talón de Aquiles. Todo los demás de este informe, a excepción del tema de protección social, podría ser parte del informe de cualquier otro país.