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Garantizar el desarrollo integral de un país pasa por fortalecer distintos frentes que afectan el comportamiento productivo, las oportunidades laborales y la calidad de vida de sus habitantes. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, propone un arsenal de estrategias para sortear problemas de legalidad y estancamiento de la productividad, con el propósito central de aumentar la equidad.
Implementar estas estrategias requiere la correcta articulación entre los entes del Gobierno. Además, el sector privado, y en especial el sector financiero, uno de los que más aporta a la economía del país, abraza muchas de las propuestas que se incorporan.
En primer lugar, es grato resaltar los esfuerzos del PND por incorporar las metas del cuatrienio sobre inclusión financiera y expandir dichas consideraciones a la población rural, segmento que requiere de mayores esfuerzos para acceder al sistema financiero y que se beneficiará de las disposiciones que buscan expandir el crédito rural, como el proyecto de ley del seguro agropecuario y la cédula rural.
No menos importante resulta la intención de crear ambientes propicios para la transformación digital. El PND propone la coordinación entre entidades públicas que participan en el diseño y ejecución de la política de inclusión financiera digital, acompañado de un espacio de diálogo sobre tendencias e iniciativas regulatorias. Así mismo, propone crear un ambiente regulatorio propicio a la inversión en innovación financiera y el desarrollo de la identidad digital nacional.
Por supuesto, el PND no desconoce los beneficios de una mayor profundización financiera (PF), en especial para el caso de la cartera de vivienda, con la continuidad y creación de nuevos programas, así como para el caso de los sistemas de transporte, en la búsqueda de alternativas para su financiación en el marco de la sostenibilidad.
No obstante, consolidar un sistema financiero de avanzada y que soporte cada vez más el desarrollo socioeconómico requerirá trabajar también en algunas iniciativas que no quedaron plasmadas en el PND.
Por ejemplo, en materia de transformación digital, es imperativo el desarrollo acelerado de un sistema de medios de pago electrónicos robusto. Para ello, sería idóneo crear el Programa de Digitalización de la Economía, donde se implementen estrategias público-privadas consecuentes con la materia. También será crucial el fortalecimiento del sandbox de supervisión de la Superfinanciera, el mejoramiento de la capacidad en ciberdefensa a nivel territorial y el aumento de la calidad de las telecomunicaciones.
En materia de PF, deberá especificarse un marco regulatorio más claro en materia de leasing financiero y arrendamiento operativo, en aras de permitir que los colombianos tengan más opciones para financiar sus emprendimientos, sin que haya lugar a inestabilidad jurídica. Adicionalmente, debe evaluarse la posibilidad de que los establecimientos de crédito puedan invertir en empresas dedicadas al crowdfunding.
Por último, y como pilar estructural de un desarrollo desde las bases de la sociedad, el país requiere que se incorpore, en la ley General de Educación, la enseñanza obligatoria de competencias económicas y financieras que propicien la adopción de decisiones informadas para un manejo adecuado del ahorro y la inversión.
Materializar estas iniciativas en la política pública, a través de metas, iniciativas legislativas, marcos regulatorios y programas especiales es la garantía para un desarrollo integral del sistema económico y financiero del país.
