Trazabilidad y transparencia

El modus operandi de quienes actúan al margen de la ley ha venido encontrando sostenibilidad en la invisibilidad de las huellas de los actos delictivos. Los altos niveles de uso del efectivo en Colombia han facilitado muchas de las operaciones delictivas, toda vez que resultan sumamente complejos los mecanismos de rastreo. En este escenario, la digitalización de los pagos se muestra como una estrategia apropiada para dar mayor transparencia en las transacciones económicas y ayudar a las autoridades a fortalecer sus actividades de control.
Por fortuna, las nuevas posibilidades tecnológicas permiten que los pagos se realicen de manera digital, con plena trazabilidad de montos, fuentes y destinos, un hecho que potencia el control fiscal en la lucha contra la corrupción, la evasión y las actividades ilegales.
En el marco de esta problemática, el país ha cimentado su estrategia de mitigación en metas precisas en materia de reducción del sobreuso del efectivo y en liderar la apropiación de las nuevas tendencias de pago digitales. Para lo primero, se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo la meta de reducir, de cara a 2018, la relación entre efectivo y M2 a niveles de un dígito, una tarea que aún presenta desafíos importantes.
Para lo segundo, se configuraron las Cuentas Maestras, productos bancarios que solo permiten operaciones mediante transferencias electrónicas y en las que: i) las transferencias de sus recursos solo pueden hacerse de manera electrónica, ii) los beneficiarios de las transferencias inexorablemente deben estar registrados e identificados en las entidades bancarias, y iii) deben ser utilizadas tanto por las entidades territoriales como por sus entidades descentralizadas.
De esta manera, a partir de la métrica digital que se registra en la actividad de las Cuentas Maestras es posible obtener, por medio de los reportes que emiten las entidades bancarias, plena trazabilidad de los recursos públicos. Esta herramienta contribuirá desde luego a la lucha contra la corrupción, al poder identificar con claridad la naturaleza jurídica o natural de los beneficiados y la temporalidad de los giros, siendo guía para el análisis de los eventuales conflictos de intereses que puedan presentarse entre fuentes y destinatarios de los mismos.
En adición, la adopción de las Cuentas Maestras desalienta por sí misma el uso del efectivo y coloca al aparato gubernamental como impulsor directo de la digitalización de los pagos, un mecanismo cuyas externalidades tienen ya sus consabidos beneficios no solo en las actividades de control sino también en la eficiencia desde el punto de vista económico y social.
Sin embargo, pese al amplio conjunto de bondades, uno de los principales desafíos en la implementación generalizada de las Cuentas Maestras está en la necesidad de contar con una normatividad y estructura de reporte específica por sector, teniendo en cuenta sus factores idiosincráticos. Lo anterior implica que se debe establecer un horizonte temporal adecuado para todos los actores, en especial para que el sector financiero gestione los desarrollos tecnológicos que permitan cumplir con los requisitos establecidos.
En todo caso, los avances en la materia son sustanciales y muestran la efectividad de los esfuerzos en pro de reducir las economías subterráneas mediante la disminución del uso del efectivo y de aumentar la transparencia a través de la trazabilidad de los recursos públicos.