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Protocolo Verde

El deterioro del medio ambiente y los profundos efectos sobre la sostenibilidad derivados del cambio climático emergen como uno de los principales retos económicos y sociales en el mediano plazo. Este problema, sin embargo, es particularmente difícil para los países en desarrollo, quienes experimentan mayor dificultad para enfrentar los riesgos asociados, en particular en alimentos y suministro de agua. En efecto, la materialización de estos riesgos, en el contexto regional, podría afectar los recientes avances en la lucha contra la pobreza y el hambre, como se pudo observar parcialmente con los estragos que dejó el fenómeno de El Niño.

La articulación entre el Gobierno y el sector privado para superarlos es sin duda esencial y de allí que el Protocolo Verde, la iniciativa del sector financiero para articular a los distintos sectores y priorizar la inversión en el desarrollo de proyectos sostenibles, reviste fundamental importancia en la promoción del desarrollo y el crecimiento sostenible. Incluso, con el objetivo de alcanzar la meta de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero en 20%, compromiso asumido por el Gobierno en el marco de la COP 21, el Protocolo Verde se constituye como una valiosa herramienta para el cumplimiento de dicha meta. Firmado inicialmente por catorce entidades financieras (y que ya van en 17), este acuerdo cumple 5 años y cuenta con la participación activa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads). Fue galardonado también con el premio BIBO a “Mejor práctica ambiental” y ha sido ejemplo para los países de Honduras, México y Perú para el desarrollo de sus propios Protocolos.

Este gran avance en materia de sostenibilidad ambiental en el país se enmarca dentro de cuatro estrategias que bien vale la pena visibilizar: i) la promoción y desarrollo de productos y servicios verdes, ii) ecoeficiencia, iii) el análisis de riesgos ambientales y sociales (Aras) y iv) divulgación, todas ellas con notables resultados a lo largo de estos cinco años. En materia de productos y servicios verdes, las guías de incentivos tributarios para inversiones que generen beneficios ambientales en el país han sido parte crucial de la estrategia. Se han generado cinco documentos sectoriales denominados “Pilotos de innovación financiera” con el fin de caracterizar los sectores y las tendencias de inversión en proyectos verdes y se ha socializado con éxito la estrategia de financiamiento climático. Con ello, la cartera desembolsada, diseñada para generar beneficios ambientales y sociales, ha ascendido a cerca de $1,2 billones.

En la estrategia de Ecoeficiencia, hay que destacar la elaboración de guías de gestión de compras sostenibles para el sector financiero, la creación de la norma técnica para la medición de huella de carbono y las diversas capacitaciones en estas áreas. Con ello, y por primera vez, se logró estimar la cantidad de CO2 emitida por el sector bancario (47.800 toneladas), la cual se espera pueda ir disminuyendo en la medida en que se consolide la estrategia de Ecoeficiencia promovida por el Acuerdo.  

Por su parte, han sido significativos los avances en materia de Aras en los desembolsos de crédito. De hecho, el monto de la cartera desembolsada bajo criterios Aras asciende a más de $8,2 billones. Por último, en la estrategia de reporte y divulgación, se ha logrado capacitar y dar a conocer las iniciativas del Acuerdo a cerca de 12.000 funcionarios.

Si bien los avances en este acuerdo han sido importantes para el desarrollo sostenible de las entidades financieras en Colombia, los desafíos que aún enfrenta son sin duda de gran envergadura. Hay que celebrar, sin embargo, que las entidades miembro del Protocolo Verde continúan reiterando el compromiso de seguir trabajando, de la mano con el Gobierno, en la consolidación de una agenda nacional que le permita a Colombia alcanzar sus metas de crecimiento económico de una manera sostenible, preservando el medio ambiente y siendo responsable con el desarrollo de nuestras comunidades y el futuro de las nuevas generaciones.