La revolución silenciosa

La transformación que ha experimentado el estatus de la mujer en Colombia durante los últimos cincuenta años merece el calificativo de  revolución silenciosa, a la vez causa y resultado de la modernización social y política.  Como consecuencia de su ingreso masivo al sistema educativo y a la fuerza laboral, las mujeres desempeñan cargos directivos en el estado, el sistema empresarial, los  medios de comunicación y la academia.  En 1966, el Gobierno decidió ofrecer los servicios de planificación familiar en los hospitales públicos del país, sobreponiéndose a los prejuicios religiosos y políticos de la época.  En la actualidad, el derecho a los métodos modernos de  contracepción hace parte  del sistema nacional de salud.

En 1974,  el Congreso le expidió facultades extraordinarias al Gobierno para hacer una revisión integral del Código Civil  encaminada a eliminar del mismo todos los vestigios decimonónicos que colocaban a la mujer en una situación de inferioridad.  Estas reformas no ocurrieron al azar. Tampoco se implementaron sin controversia.   Fueron impulsadas por gobiernos de avanzada con el apoyo de intelectuales, juristas, expertos en salud pública y economistas.

No obstante haberse llevado a cabo de manera pacífica, dentro de los procedimientos del sistema democrático, esta revolución enfrenta ahora una contrarrevolución insidiosa, cuyo objetivo es dar marcha atrás en el reconocimiento de los derechos de la mujer y socavar el ordenamiento jurídico de la nación.  Sus procedimientos son similares a los de una conspiración.  Un grupo de fanáticos que se creen poseedores de la verdad constituye su núcleo central.  En forma solapada, utilizan los instrumentos del régimen democrático para subvertirlo.

Si bien el líder visible de la conspiración es el procurador Alejandro Ordóñez, la inspiración ideológica proviene de una secta cismática, la Sociedad de San Pío X, fundada por Marcel Lefebvre, un clérigo reaccionario francés que se rebeló contra las reformas del Concilio Vaticano II.  Lefebvre consideraba inaceptables la libertad religiosa, el pluralismo y la legitimidad de las leyes de un Estado laico.  Admiraba las dictaduras de Francisco Franco, Oliveira Salazar, Jorge Videla y Augusto Pinochet.  Ése es el bagaje doctrinal que subyace la cruzada teocrática que Ordóñez ha emprendido contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres y contra la Corte Constitucional como garante del imperio de la ley en Colombia. Pretende sobreponer sus preferencias personales a la decisión C-355 del 2006 de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en circunstancias claramente determinadas, tratando por todos los medios de hacerla nugatoria.

La agenda oscurantista y autoritaria de los lefebvristas ha pasado por debajo del radar del establecimiento político.  Por razones que la razón no comprende, sectores que se dicen progresistas apoyan la reelección de Ordóñez en la Procuraduría, perspectiva que el movimiento feminista contempla con horror.  Pero esta confrontación trasciende  los legítimos derechos de la mujer colombiana. Se extiende a la protección de las libertades individuales.  Lo que están cuestionando los seguidores de Lefebvre es nada menos que el carácter no confesional del Estado y los fundamentos de la democracia liberal.