El Banco Central y la democracia liberal

Un episodio entre pintoresco y grotesco en la reciente Junta Directiva del Banco de la República ha servido de señal de alarma de una amenaza a las instituciones democráticas. De acuerdo con el estilo del M-19** de promover actos dramáticos, en un gesto como de ópera bufa, el ministro de Hacienda se retiró de la Junta para denunciar una decisión sobre la tasa de interés del Banco con la cual discrepaba. A su turno, el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno se retiraba del Banco, calificándolo de banco de la oligarquía, y ha atacado al gerente del Banco, Leonardo Villar. La jauría de seguidores del régimen ha desatado un vendaval de insultos en las redes sociales contra los miembros mayoritarios de la Junta Directiva, poniendo en riesgo su seguridad personal.

El Banco de la República es independiente del gobierno por mandato de la Constitución. Eso significa que la relación con el gobierno no es de subordinación. El Banco es un centro de decisión que hace parte del gobierno, pero que el presidente no controla. El presidente no nombra al gerente del Banco, quien no es su subalterno. Al gerente lo nombra la Junta Directiva por un período de cuatro años, que puede renovarse dos veces. Leonardo Villar fue nombrado durante el gobierno anterior, en contra de la voluntad y del candidato del presidente Iván Duque.

La Junta Directiva está integrada por siete miembros: el ministro de Hacienda, el gerente del Banco y cinco codirectores de tiempo completo. El ministro tiene voto, pero no tiene veto. Su voto tiene el mismo peso que el de los demás miembros de la Junta. No es inusual que quede en minoría en las votaciones. El ministro es el único miembro de la Junta que reporta a un superior.

En este caso, el horizonte de tiempo relevante para el gobierno, 90 días, no coincide con el que utiliza la Junta Directiva del Banco para tomar las decisiones de política monetaria, que es de dos años. La decisión que los miembros mayoritarios tomaron en función de lo que le conviene al país es distinta de las preferencias electorales del gobierno.

Esta escaramuza hace parte de un proyecto político de mayor trascendencia que una diferencia de opinión acerca de la tasa de interés, y así lo han entendido los dirigentes políticos y la sociedad civil. Es un primer asalto contra el baluarte de la independencia del Banco de la República. En el ocaso de su mandato, Gustavo Petro deplora no haber podido hacer en Colombia lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, donde la sumisión del banco central condujo a la hiperinflación, la pérdida de libertades económicas y la dictadura. Una de las instituciones que se lo impidió es el Banco. La propuesta gubernamental de suprimir la Constitución de 1991 permitiría remover ese obstáculo.