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Esta semana se ha venido llevando a cabo en Cartagena el Congreso Nacional de Infraestructura, el cual está dirigido a analizar la infraestructura vial y sus perspectivas, a la luz de lo sucedido en los últimos años con el desarrollo de la estrategia de las vías de cuarta generación (4G) y las iniciativas de asociaciones público-privadas APP, así como de los retos futuros en materia de infraestructura de transporte. Se tiene previsto escuchar los planteamientos del Gobierno en cabeza del Presidente y sus ministros en materia política, económica y social; las prioridades gubernamentales en el área de la infraestructura vial previstas en su Plan de Desarrollo, así como los planteamientos de los constructores y expertos nacionales e internacionales.
Entre los temas relacionados con la infraestructura vial y la economía se desarrolló un panel titulado Infraestructura: Un Aliado de la Recuperación Económica, en el que tuve ocasión de recordar que históricamente la deficiente infraestructura de transporte ha frenado el desarrollo nacional, no obstante la prioridad y los esfuerzos que se han dado en algunas administraciones al tema del transporte como fue la construcción de ferrocarriles en la última parte del siglo XIX e inicios del siglo XX.
Asimismo, resalté que la Administración de Pedro Nel Ospina canalizó la mayor parte de los recursos de la indemnización de Panamá y de los recursos del crédito externo hacia la construcción de vías férreas y carreteras; que el Programa de Fomento del Banco Mundial de 1950 fue un verdadero plan de obras públicas; que la infraestructura vial fue el centro de atención del Plan de Integración Nacional de la Administración Turbay Ayala y que uno de los programas más ambiciosos en infraestructura de transporte ha sido el plan de las vías de 4G planteado en los Planes de Desarrollo de la Administración Santos Calderón.
Respecto a los avances y desafíos de las 4G debe anotarse que el proyecto original incluía 40 proyectos con 7.000 kilómetros de carreteras con una inversión prevista de $47 billones y que de estos han sido adjudicados 31; que ocho proyectos han estado plenamente financiados principalmente con fuentes bancarias y tres también con bonos y que, no obstante el éxito que se viene logrando, se encuentra que el financiamiento, los problemas ambientales y sociales y, particularmente, los problemas reputacionales de unos pocos proyectos han sido uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de las concesiones adjudicadas.
Como ha sido documentado en la literatura, la inversión en infraestructura vial tiene un impacto positivo en el crecimiento de la economía. De ahí que resulte de gran importancia que la Administración Duque continúe dando prioridad a la infraestructura vial y, sobretodo, al fortalecer instituciones claves como la ANI y la FDN.
Como lo destacaron mis colegas de Panel deben emprenderse correctivos de política no solo en materia institucional, sino también en las áreas financiera, técnica, legal, ambiental y social para que la inversión en infraestructura vial tenga un verdadero impacto positivo en el crecimiento económico de largo plazo. No podría terminar sin agregar también que la interrelación entre la infraestructura y la economía es de doble vía y que solo con una política macroeconómica acertada y creíble se puede asegurar un crecimiento económico acelerado y un ambiente favorable a la infraestructura.
