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Analistas 28/08/2022

Para arreglar el disco rayado

Ramiro Santa
Presidente Sklc Group

En los países donde la honestidad, la justicia, el cuidado de los niños y los mayores son principios, los recursos alcanzan para todos, la credibilidad de los gobernantes es grande y la preocupación sobre corrupción es baja. El estudio de Ipsos Global Advisor 2022 sobre la corrupción financiera y política arroja que los ciudadanos menos preocupados son los de Suecia, Japón, Alemania, Arabia Saudita y Canadá; y los más preocupados son Sudáfrica, Perú, Malasia, Hungría y Colombia.

De acuerdo con el estudio de Ipsos, realizado para el Center for International Private Enterprise (Cipe), presentado el pasado 18 de agosto en el congreso Oportunidades de Contratación Pública Transparente en la Región Andina, cuando se indaga sobre el aumento de corrupción en los ámbitos nacional y local, 70% de los encuestados en Colombia dice que ha aumentado, en Perú y en Ecuador, 66% y 65%, respectivamente. En la pregunta sobre la corrupción en empleados públicos en Colombia, 63% dice que ha aumentado, comparado con 60% de los otros dos países, y en cuanto a los sobornos, en Perú y Ecuador los encuestados dicen que 50% es el empleado público quien insinúa o solicita el pago, y en Colombia es 33%; sin embargo, 42% de los colombianos encuestados afirmaron que “se sabe con anterioridad con qué modalidad y cuánto hay que pagar”, que se compara con la respuesta de Perú y Ecuador, que es de 28%.

Ahondando en el problema, se presenta un caso hipotético donde si estuviera en una licitación pública donde participa su empresa y tuviera que dar un soborno para ganar el contrato, se preguntó ¿cuánto sería el porcentaje del contrato que creería que le tocaría dar? Los peruanos dijeron que 14%, los ecuatorianos 16% y los colombianos 17%.

La otra cara de la moneda es que 64% de los encuestados colombianos piensa que las empresas que incurren en casos de corrupción es investigada y 67% que las empresas donde sus empleados incurre en actos corruptos o conductas antiéticas no podrán participar en contrataciones públicas. Así mismo, 56% de los encuestados en Colombia piensa que los organismos de supervisión de las contrataciones del Estado ha ayudado a que la contratación sea transparente e igualmente, 69% ratifica que ninguna conducta poco transparente hace más eficiente la contratación (45% de los ecuatorianos y 43% de los peruanos).

Además de recordarles a los lectores que la corrupción le cuesta en dinero y en ineficiencias a los colombianos lo equivalente a dos reformas tributarias como la que está proponiendo el actual gobierno, es más importante y eficiente focalizar los esfuerzos en la prevención que en correctivos, de tal forma que la educación, desde la primaria, debe estar centrada en valores y principios, en cuidar los recursos y bienes públicos; así mismo en la importancia de participar en los espacios para presupuestos participativos, veedurías y rendición de cuentas de los gobernantes; así como educar con el ejemplo.

La tarea es de todos y estará completa si lo anterior se complementa con la divulgación masiva de políticas y reglamentaciones; la definición de reglas claras para la contratación de cada entidad en el marco de los procesos de abastecimiento estratégico, el fortalecimiento de los recursos digitales y la definición y aplicación de estímulos y sanciones. De este modo se construirá una cultura de la probidad y en consecuencia una verdadera revolución en materia de eficiencia financiera para la justicia, el desarrollo social y la verdadera inclusión.

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