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El abogado que todos llevamos por dentro es imbatible pues tiene a la amiga Inteligencia Artificial para resolver dudas y hacer memoriales en cuestión de segundos. Mientras tanto, los abogados que sí estudiaron, se ganan los pleitos en la vida real y dominan la hermenéutica de trámites inventados en el siglo pasado, y en estos dias también dedican sus días a revisar documentos producidos por clientes tinterillos asistidos por IA. En la otra orilla están los juzgados y oficinas públicas que también usan la tecnología como un motor fuera de borda atornillado a una carabela del siglo XV, tratando de avanzar contra el mar de la burocracia y la tormenta de leyes populistas.
Por su parte los abogados de las empresas que son contratados para defender los derechos de quienes invierten, de los empleados y el libre comercio que son atacados desde las instancias de poder, que siempre sospechan del éxito y están dispuestas a cambiar las reglas del juego en nombre del “pueblo” o, más agresivamente, para recaudar lo suficiente que permita alimentar a los gastos desenfrenados del gobierno. En las grandes corporaciones, los jurisconsultos además de lo anterior, se dedican a producir manuales de buenas prácticas, declaraciones de buen gobierno, códigos de conducta y comités de ética que permitan dejar trazabilidad y pruebas de su transparencia, responsabilidad y respeto por los Derechos Humanos, para cuando lleguen, porque siempre llegan, las campañas de desprestigio. En ese ecosistema también, sin excepción, todos son amigos de IA.
Sin mucha prisa pero con gesto preocupado avanzan los debates mundiales sobre los límites, las garantías de transparencia y la ética que deberían regir a las Inteligencias Artificiales, incluso para proteger a quienes se benefician de ellas. En Estados Unidos ya se ensayan iniciativas para exigir a desarrolladores y usuarios evaluaciones de impacto, auditorías de sesgos, curadurías de datos, obligaciones de información, esquemas de supervisión, protección al consumidor y modelos de gobernanza. Así mismo viene el control, prohibición y uso libre de imágenes y videos falsos (deepfake) con programas para eliminar imágenes falsas.
En Europa recientemente aprobó la ley de Inteligencia Artificial (AI Act), que clasifica los sistemas por niveles de riesgo, prohíbe usos inaceptables y exige a los de alto riesgo documentación exhaustiva, evaluaciones de datos, trazabilidad y obligaciones de transparencia. La ambición es loable, ponerle cercas legales a una tecnología que no conoce ni reconoce fronteras, horarios ni límites.
Como dice el viejo adagio popular, una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo está enjalmando, pues mientras la regulación va a pie la tecnología va a velocidad de la luz. En la vida real esto significa que, aunque existan estándares, auditorías y declaraciones solemnes, todavía falta una gobernanza mundial de peso pesado, capaz de convertir los acuerdos globales en algo más que comunicados de prensa y buenas intenciones, con dientes suficientes para disuadir y sancionar … o tal vez el verdadero reto no sea regular la tecnología, sino evitar la tentación de delegarle a la IA el criterio.
Las nuevas fiebres del oro que van desde invertir capitales en bitcoin en empresas de países de economías antidemocráticas hasta las empresas de IA… ojalá no sean agujeros negros … por lo pronto sigamos descrestándonos con estas nuevas amigas empaticas que nos acompañan, ayudan en el trabajo, nos dan información y nos enseñan sobre lo divino y lo humano.
Los procesos evaluativos y los datos son una inversión, no un gasto: permiten mejores diagnósticos, optimizar la implementación, tomar decisiones más acertadas y de mayor impacto